Todavía no se sabe cuándo, pese al plazo de cuatro meses impuesto, pero sí se conoce a cuántos alumnos afectará directamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula en la práctica la exclusión de los estudiantes de Ciencias de la Salud de universidades privadas del circuito de prácticas en hospitales públicos. Por ahora, y hasta que el TSJ resuelva los recursos similares que en su día formuló la universidad Cardenal Herrera-CEU, son cerca de 720 estudiantes de la Católica los directamente beneficiados por una resolución judicial que se busca aplicar desde la universidad lo antes posible.
Se trata de 120 estudiantes de tercero de Medicina (que empiezan este curso sus prácticas en hospital) y otros 600 del segundo y tercer curso de Enfermería que, en aplicación del acuerdo anunciado en mayo de 2016 por el conseller de Educación, Vicent Marzà y la entonces titular de Sanidad, Carmen Montón, ya no podían seguir haciendo sus prácticas pregrado en hospitales públicos. En aquella ocasión se advirtió que seguirían dentro del circuito aquellos alumnos «ya matriculados» a los que se les iba a facilitar terminar sus estudios en las mismas condiciones a través de un periodo «transitorio». Sin embargo, todos los nuevos estudiantes que se matricularan a partir de ese septiembre de 2016 quedaban, directamente, excluidos de los hospitales públicos.
Conscientes de ello y mientras se pedía en tribunales con varios recursos dejar sin efecto esta «discriminación», las universidades comenzaron a ampliar su red de convenios con hospitales y centros sanitarios privados o concertados para facilitar que, llegado el momento, sus alumnos pudieran hacer sus prácticas.
Según confirmaron ayer fuentes de la universidad Católica, los alumnos de tercero de Medicina tienen plazas asignadas de prácticas en el hospital público bajo concesión administrativa de Manises (que ha venido a sustituir al de Alzira tras la reversión) y en otros privados de la provincia, al igual que los 600 de Enfermería. De estos últimos, unos 200 están ya desde el año pasado haciendo prácticas en el Hospital General de Valencia en base a otra sentencia anterior que rechazó los motivos de anulación del convenio que se dieron en su día por el consorcio hospitalario.
Las plazas para que estos 720 alumnos puedan empezar sus prácticas pregado en hospitales este curso están, pues, «apalabradas» por la Católica aunque la intención, según avanzaron ayer fuentes de la universidad, es agilizar en lo posible la firma de un nuevo convenio con la Conselleria de Sanidad para volver a la situación del curso 2015-2016 y facilitar que los estudiantes vuelvan cuanto antes a centros públicos «en beneficio de la calidad asistencial», como el lunes apuntó el rector de la UCV, José Manuel Pagán.
De hecho, a solo un día de hacerse pública la sentencia del TSJ (que esperan en la Conselleria de Sanidad para decidir si habrá o no recurso) ya ha habido contactos entre la Católica y la administración para abordar el fallo judicial de una manera rápida y «pacífica».
Sin pagar canon para el resto
Además de la «victoria» que supone para los centros privados haber tumbado en los tribunales la política del Pacte del Botànic y de facilitar que sus alumnos puedan seguir formándose bajo la directriz de médicos de la pública, la sentencia del TSJ tiene una consecuencia directa para las arcas de las universidades privadas. De retomarse el convenio específico de prácticas entre la Conselleria de Sanidad y la Católica, la universidad estaría «cubierta» y no tendría por qué pagar como ahora un canon por cada uno de sus alumnos que aún tienen prácticas en el circuito público al estar acogidos a ese periodo «transitorio» de los que estaban ya matriculados.
Actualmente hay unos 240 alumnos de quinto y sexto de Medicina que están bajo esta modalidad haciendo prácticas en los hospitales de Gandía, Requena y Xàtiva, además de otros 320 de cuarto de Enfermería.
