El president de la Generalitat, Ximo Puig, parece decidido a que Podemos y Compromís no marquen el rumbo en el debate sobre las diputaciones. Ayer lanzó un mensaje claro con la connivencia del titular de la corporación provincial valenciana, el también socialista Toni Gaspar: frente a los discursos de otros, hechos.
La desaparición de las diputaciones es un anhelo histórico de la izquierda valenciana que choca de plano con la Constitución. Lo que sí recoge el Estatut es que la Generalitat coordine las funciones de las diputaciones «que sean de interés general». En esa línea se sitúan los decretos de coordinación de Turismo y Deportes de inicio de la legislatura abortados después por los tribunales y la medida anunciada ayer.
Puig y Gaspar comparecieron en el Palau para anunciar la constitución de dos comisiones para «coordinar al máximo los esfuerzos» en lo que queda de legislatura y evitar duplicidades.
Una comisión bilateral estudiará la transferencia de las llamadas «competencias impropias» de la Diputación de València a la Generalitat. Se trata de las educativas (escuelas de adultos) y sanitarias (el Hospital General y el complejo del antiguo psiquiátrico de Bétera, dedicado hoy a distintas funciones sociales y culturales).
Una comisión mixta entre ambas instituciones, por otra parte, establecerá un marco que permita coordinar actuaciones en los presupuestos de 2019.
En todo caso, las cuentas tienen que estar a final de octubre como tarde, así que parece difícil que las transferencias puedan verse ya reflejadas. No obstante, Gaspar destacó ayer que si el balance en la cuenta de ingresos y gastos es neutro podría realizarse la transferencia del hospital en los primeros meses de 2019.
L a iniciativa anunciada ayer es imposible desvincularla de los movimientos recientes sobre el vaciado de las diputaciones. Podemos y Compromís (en especial, los morados) han situado este asunto como tema fuerte del final de la legislatura. Podemos ha anunciado una propuesta de ley propia, antes de que el Consell plantee su proyecto de nueva norma de gobiernos locales. Frente a los papeles, Puig y Gaspar quisieron poner encima de la mesa ayer hechos.
La iniciativa está abierta a las diputaciones de Alicante y Castelló, en manos del PP, aunque hasta ahora se han manifestado en contra de cualquier pérdida de competencias.
El reto está en la asunción del personal y en los fondos procedentes del Gobierno central.
