Cuando el Ministerio de Justicia activó el Registro de Delincuentes Sexuales (1 de marzo de 2016), la Comunitat Valenciana contaba con 5.053 personas que tenían antecedentes penales por abusos, acoso, agresión, maltrato, exhibicionismo, corrupción de menores, prostitución, pornografía y trata de personas. El 31 de agosto de este año, la cifra se había incrementado hasta los 5.692 valencianos que figuran en el mismo registro por tener condenas por delitos sexuales, es decir, 639 más en dos años y medio. Ninguno de ellos puede trabajar con menores.
De hecho, todas las personas que trabajen o realicen labores de voluntariado en contacto con menores de edad deben acreditar ante la empresa que los contrate que carecen de antecedentes penales por delitos sexuales, tal y como impone la Ley de Protección de la Infancia. Para ello, deben solicitar al ministerio un certificado sobre delitos sexuales que acredite que está «limpio».
Este año, la gerencia territorial de Justicia en la Comunitat Valenciana ha tramitado 19.130 solicitudes de certificados sobre delitos sexuales. La plataforma de intermediación de datos tramitó 4.543 peticiones, mientras que 14.587 se pidieron de forma presencial. De esta manera cerca de 20.000 valencianos han pedido el certificado en la Comunitat Valenciana a fecha del 31 de agosto de 2018 para poder trabajar con menores. Ya sean profesores, médicos, animadores juveniles, monitores escolares, entrenadores, conductores de autobús o catequistas. Ahora bien, saber qué porcentaje de trabajadores en contacto con menores deberían solicitar el certificado y no lo ha hecho es un dato que no se puede contabilizar. Así lo aseguran desde el Ministerio de Justicia ya que esta norma afecta a todos los trabajadores en contacto con menores, del ámbito público y privado y el dato varía, aseguran fuentes del ministerio, que afirman que tampoco se pueden conocer los datos por provincias ya que «es imposible tener el dato exacto del Registro de delincuentes sexuales por provincias porque los ciudadanos pueden solicitarlo por muchas vías (presencial, electrónica, por gerencias territoriales, etc?) y no tenemos constancia de todas ellas».
Identificación, penas y medidas
En el registro figuran las personas con sentencia firme, tanto mayores como menores de edad. La información no es pública pero pueden acceder a ella los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y los propios interesados. Además de la identificación, las penas y las medidas de seguridad impuestas a estas personas, el registro en cuestión también incluye el perfil genético, es decir, el ADN, cuando la resolución judicial lo establece. Sin embargo, en el registro solo constan las personas con antecedentes vivos, es decir, aquellos que aún no han superado el plazo que establece la ley para que sean borrados del historial.
