El gasto en personal suele ser la principal losa de cualquier presupuesto, sea en el ámbito público o privado, pero la proporción que esta partida tiene respecto a otras en el conjunto de las cuentas va por barrios. Ocurre también en la Generalitat valenciana y en su sector público empresarial valenciano.
El Consell afronta estos días la negociación de sus presupuestos para 2019, los útimos del Botànic, con la encrucijada de cómo repartir los recursos públicos entre conselleries y dar solución a la patata caliente de À Punt. La nueva radiotelevisión valenciana ha presenteado unas cuentas que crecen un 25 % respecto a 2018 con el objetivo de legalizar el capítulo de personal que se ha disparado a 23 millones de euros.
La ley del audiovisual aprobada recientemente introdujo una cláusula para obligar a À Punt a no dedicar más de un tercio de sus recursos al capítulo 1. Para cumplir el límite, el presupuesto debe situarse en 69 millones (Presidencia se niega en redondo) o deben rescindirse contratos. La otra vía pasa por una moratoria a la obligación de ajustar el gasto de personal y que el tijeretazo se centre en otras partidas.
Cabe apuntar que À Punt no es la única sociedad mercantil con dificultades para contener su gasto en personal, aunque un vistazo por la relación de entidades del sector público empresarial de la Generalitat revela que son mayoría las que cumplirían en el caso de que se les aplicara la cláusula de no excederse del citado tercio.
En concreto, un total de 19 empresas y organismos de una relación de 32 gastan menos de un 33% en su plantilla. Es decir, el 60% cumplieron en los presupuestos de 2018. En cambio, una relación de trece entidades estarían en dificultades si tuvieran que asumir la cláusula introducida por Ciudadanos y pactada por los grupos parlamentarios en las Corts con el fin de evitar la sobredimensión de la plantilla de la nueva tele visión.
Cabe apuntar, no obstante, que las necesidades de personal varían de una empresa a otra y en función del servicio público que presten. Así, por ejemplo, la nueva Agencia Antifraude es la entidad de derecho público que proporcionalmente más recursos de su presupuesto destina a personal: el 77 % de unas cuentas para 2018 de 2, 1 millones. En segundo lugar, está el Instituto de Atención Social Sanitaria, un organismo que se dedica a prestar atención social y que dedica el 73 % de su presupuesto a pagar a su plantilla.
Ajuste en el Servef
Tampoco cumpliría, entre otras, Ferrocarriles. En 2018 sus cuentas ascendieron a 185 millones de euros, de los que 77 se dedicaron a pagar personal, el 42 % del total de los recursos. El organismo autónomo con mayor presupuesto, el Servef, con 341 millones de euros dedica menos de un tercio al personal, el 20 %.
Tal como informó ayer este diario el incremento presupuestario de À Punt ha abieto otra brecha en el tripartito ya que el PSPV se ha quedado, al menos de momento, solo en su postura de impedir que en su primer año de vida las cuentas de À Punt se disparen.
El borrador del presupuesto está en la mesa del conseller de Hacienda, Vicent Soler, que estos día ha abierto ya la ronda de negociación con consellers para cuadrar las cuentas. Fuentes del departamento de Soler indicaron que será el Consell en su conjunto el que decida qué hacer con À Punt.
