Solo en un año (2017) se registraron en España 4.211 denuncias por abusos sexuales. De ellas, un 16,1% tuvo lugar en la Comunitat Valenciana, con 681. Además, desde 2010 las querellas interpuestas por presuntos abusos sexuales a menores han aumentado casi un 80 % en la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, para el director territorial de la ONG Save the Children, Rodrigo Hernández, estos datos «podrían ser sólo la punta del iceberg, ya que lamentablemente se trata de una situación muy normalizada, en la que la culpa o la vergüenza hacen muy difícil que los niños y niñas se atrevan a denunciar».
Pueden o no denunciar, pero cuando se deciden y lo hacen encuentran más sufrimiento y escasas consecuencias para los agresores. Y es que la mayoría de procesos judiciales abiertos en la Comunitat Valenciana se suspende por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia, una ratio que se sitúa concretamente en un 75,6 % y que estaría por encima de la media estatal (con un 72,2 %), según el informe «Ojos que no quieren ver» de Save the Children.
«Aunque desde el Consell se han puesto en marcha medidas que pueden ayudar a mejorar la situación de estos niños y niñas es urgente que salga adelante cuanto antes la ley integral de protección a la infancia frente a cualquier tipo de violencia, que según anunció el Gobierno se enviará al Congreso de los Diputados para su aprobación el segundo trimestre de 2019», asegura Hernández.
El pasado 7 de septiembre el Gobierno aseguró en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros que remitirá al Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019 el anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, que contemplará medidas para luchar contra el abuso sexual.
Una ley integral urgente
«Sin embargo, la urgencia de la situación exige que los trámites se aceleren para poder contar con su aprobación lo antes posible. Todos los grupos parlamentarios deben comprometerse a respaldar su aprobación, enviando de esta forma un mensaje de unidad y de compromiso hacia un problema que, por incomprensible que parezca, no es percibido todavía con la magnitud que representa por gran parte de la población», añade Rodrigo Hernández.
Por todo ello, Save the Children pide que la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia contemple, entre otras, las siguientes medidas: garantizar la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y desde edades tempranas, incluir la formación sobre violencia y protección de la infancia en los currículos formativos de maestros, profesores y directores de centros educativos y la dotación a todos los colegios de un protocolo de detección y gestión de casos de violencia contra la infancia.
Además, desde la ONG piden crear una Fiscalía específica de violencia contra la infancia y juzgados de instrucción especializados en este tipo de violencia; dar prioridad a la tramitación de los procedimientos de abusos a menores y se incluya formación específica a todos los profesionales involucrados en el proceso, además de fortalecer y ampliar los recursos autonómicos de tratamiento y atención especializados y sean públicos y gratuitos.
Por último, ven de capital importancia que «los plazos de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad se activen cuando la víctima cumpla 30 años», aseguran desde una entidad que no para de denunciar un sistema que hace aguas.
