Despojos de cerdo colgados en la verja de acceso a la Gran Mezquita de València o pintadas xenófobas. Son dos de las ocho agresiones contra entidades sociales que se han registrado contra el colectivo de personas inmigrantes en València desde la llegada a la ciudad del barco de rescate Aquarius. Así lo han denunciado un total de 56 entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables y que ayer firmaron un manifiesto en el que alertan de esta campaña de agresiones racistas y xenófobas contra las personas inmigrantes en València. El representante de Valéncia Acoge, Paco Simón, ha expresado «una gran preocupación» por «el auge que está experimentando el racismo y la xenofobia en nuestra sociedad», y ha afirmado que solo una minoría denuncia por el temor que existe a las represalias.

Simón también ha recalcado que, desde la llegada del Aquarius al puerto de València, ha habido «hasta ocho agresiones contra entidades sociales», incluyendo las pintadas en contra de la inmigración en varias de sus sedes y la agresión utilizando los restos de cerdo en la mezquita. Desde Valencia Acoge aseguran que no tienen «conocimiento» de que hayan sido sancionados los autores materiales de estas agresiones y, por lo tanto, han exigido a las administraciones que «reaccionen contra los racistas y xenófobos».

Las entidades firmantes del manifiesto han pedido a las Administraciones que se incrementes las medidas de prevención, se esclarezcan las agresiones neonazis, se impulsen campañas para mostrar la realidad cotidiana de los grupos vulnerables, y se trabaje en estrategias para erradicar el racismo. Por su parte, Albert Mora, investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, ha afirmado que desde la Universitat «asistimos con preocupación a lo que está ocurriendo en Europa y en España, respecto al incremento de los discursos y delitos de odio». «Es una responsabilidad de todos, de las entidades, de las administraciones, luchar ahora contra estos brotes antes de que sea más grave», ha añadido Mora. El investigador ha anunciado que el Instituto de Derechos Humanos ha propuesto cincuenta medidas concretas al Gobierno valenciano.