Nada ha cambiado. Todo sigue igual. A pesar de pequeñas o grandes inversiones en ayuntamientos, de aumentar partidas o conceder ayudas para instalar ascensores, de programas de formación de empleo, de subvenciones directas a las empresas, de la apertura de nuevos negocios, de recambios en flotas de transporte público, de ruedas de prensa que prometen cambios, de fotografías en el Día Mundial de las Personas con Dicapacidad, de leyes concretas, de promesas políticas y de teoría, mucha teoría con la palabra «inclusión» como bandera... las personas con discapacidad, con la que sea, con diversidad funcional, con la que sea... se quejan. Llevan años quejándose de unas barreras, visibles e invisibles, que los tienen atrapados. Quieren pero no pueden. Y la rabia va por dentro.
Existe una ley de accesibilidad universal que no se cumple. Pero no pasa nada. Existió una moratoria de la Unión Europea para que todo fuera accesible, y el plazo terminó el 4 de diciembre de 2017. Pero no pasa nada. Y siguen existiendo barreras. Una persona con movilidad reducida rara vez consigue llegar a su destino sin ayuda de nadie. Rara vez es independiente en su día a día. Una persona con discapacidad intelectual tampoco encuentra ningún cartel de «lectura fácil» que le ayude a mejorar su comprensión. Ni en la propia Administración. Una persona con discapacidad sensorial también se ve obligada a la ayuda de terceros en su día a día.
Las mejoras en accesibilidad siguen siendo hoy una cuestión de «voluntad», según afirman las personas con discapacidad. Aseguran que los políticos los «buscan» en la foto del Día Mundial de la Discapacidad y en periodo electoral. Luego llega la nada. Porque una cosa es la teoría y otra bien distinta, la práctica.
Y en la práctica, las personas con diversidad funcional ni tan siquiera encuentran accesibles los baños que muestran el cartel pertinente que indica que sí lo son. Porque un baño accesible, sin dos barreras colocadas con las distancias adecuadas (dos, no una o ninguna), pues no es accesible. Porque una sala de espera de un ambulatorio que no tenga megafonía, ni pantallas... no es accesible. Porque un autobús que tiene rampa pero no funciona... no es accesible. Porque un cine que coloca a las personas con movilidad reducida en la fila cero (no en la primera fila, sino en la de antes...) es accesible en la teoría.. y una «tortura» en la práctica. Porque un ascensor que no funciona e impide coger el metro en la parada deseada... no es accesible. Porque una rampa, sin una inclinación determinada... es solo eso, una rampa que no se puede usar sin ayuda.
Reír por no llorar
Las personas con discapacidad empiezan a denunciar barreras y no tienen fin. Las sufren en todas las áreas: vivienda, educación, sanidad, urbanismo, ocio, empleo, comercio, turismo, transporte... Las sufren todos los días. También las padecen aunque sean previsores e intenten verificar que, efectivamente, podrán volar en ese avión para el que quieren comprar un billete. Tal vez puedan y tal vez no. No lo sabrán hasta el mismo día. Lo que sí saben es que tendrán que facturar sus sillas de ruedas como si se tratara de una pesada maleta. «¿Eso es accesibilidad universal?». Se hacen la pregunta y se «ríen por no llorar», aseguran. Estas son algunas voces de un colectivo que suma en la Comunitat Valenciana 337.316 personas que tiene reconocido un grado de discapacidad mayor del 33%.
Juan José Moreno posee la vivienda de su madre, en Alaquàs, pero no puede vivir allí. La finca tiene ascensor, y también unos escalones para llegar hasta él. Hace un año empezó y concluyó la búsqueda de una casa en planta baja que pudiera pagar. Misión imposible. Desde hace un año vive en una residencia en València. El resto de sus vecinos también tiene movilidad reducida. «Hace un año acabó la moratoria y nada. Hay autobuses con rampa, pero si no funciona o el conductor no quiere... a esperar a que venga el siguiente y a cruzar los dedos para poder subir. O a lo mejor ni tan siquiera puedes acceder a la parada. ¿Bordillos? Miles», critica. Y asegura que no podría ni cuantificar los comercios donde tiene vetada la entrada. Ni los baños «adaptados» que no lo son.
Desde Cocemfe (la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) de la Comunitat Valenciana aseguran que los edificios existentes (comercios, fincas, hospitales, colegios, restaurantes...) debían adecuarse a las condiciones de acessibilidad que establece el DB SUA -uno de los documentos básicos que conforman el Código Técnico de Edificación que se refiere a la seguridad de utilización y accesibilidad- antes del 4 de diciembre de 2017. «Pero si no se puede adoptar la solución adecuada, el documento incluye la frase ´en todo aquello que sea susceptible de ajustes razonables´ y a eso es a lo que se ciñen los profesionales para no hacer las cosas bien. Si no se puede hacer lo que corresponde... se hace un ´ajuste razonable´ que permite obtener la licencia pero no se suprime la barrera», explican. Y es que nadie es consciente de lo que ocurre... hasta que quiere y no puede.
