La Delegación del Gobierno autorizó el viernes la marcha anticatalinista de Mi Tierra CV del 9 d'Octubre a pesar de que la solicitud entró fuera de plazo y de que está liderada por Pepe Herrero, uno de los 22 investigados por las agresiones ultras ocurridas en los prolegómenos de la manifestación nacionalista del año pasado. Fuentes de la Delegación admitieron que han sido «flexibles» con la exigencia del plazo y alegaron de que no pueden limitar el derecho a convocar la manifestación de Herrero porque no está condenado. La Comisió 9 d'Octubre (formada por entidades de izquierdas y nacionalistas) advirtió hace 48 horas a la Delegación del Gobierno de que «si no separa física y temporalmente a los grupos violentos será responsable de las posibles agresiones de la ultraderecha que se puedan producir» durante la tarde del 9 d'Octubre en el centro de la ciudad.
La manifestación de Mi Tierra CV es la quinta marcha anticatalanista autorizada por el organismo que encabeza Juan Carlos Fulgencio, frente a las dos de izquierdas. Las siete discurren por espacios y tiempos tan próximos entre sí que parece difícil que no confluyan en algún momento, lo que complica el dispositivo de seguridad policial. Mi Tierra CV presentó la solicitud el 1 de octubre a las 12.07, doce horas después de que venciera el plazo legal. Pepe Herrero justificó en las redes sociales la solicitud «en vista de lo que está ocurriendo y tras conocer las manifestaciones autorizadas» para el 9 d'Octubre.
Fuentes de la Delegación del Gobierno aseguraron ayer que históricamente han sido flexibles con los plazos para solicitar la autorización al primar el «derecho fundamental» de las personas a manifestarse, aunque advirtieron de que esa situación va a cambiar a partir del 10 de octubre. Sobre la condición de investigado de Herrero por los incidentes del año pasado, la Delegación recordó que no está condenado y que por tanto tiene intactos sus derechos civiles. Las mismas fuentes indicaron que si alguna persona u organización está en desacuerdo con la decisión de la Delegación puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia, que tiene la última palabra.
Entidades como Acció Cultural del País Valencià mostraron ayer su estupor por la decisión de la Delegación del Gobierno. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, pedirá la comparencia en la Cámara Alta de Juan Carlos Fulgencio por autorizar tantas manifestaciones. Mulet admitió que el derecho a manifestarse está reconocido constitucionalmente, pero recordó que el Gobierno debe evitar que los recorridos se solapen.
