El fraude de los fondos europeos en subvenciones invertidas en La Hoya de Buñol y en Alicante en 2008 y 2009 ya le ha costado 1,3 millones de euros a las arcas públicas. Tal como ha informado Levante-EMV, la Consellería de Agricultura ha iniciado tres expedientes para recuperar hasta medio millón de euros en ayudas que se concedieron de manera presuntamente fraudulentas a actuaciones y obras que se ejecutaron en la Hoya. El resultado es que la Agencia Tributaria Estatal ha embargado las cuentas de dos entidades, la Asociación del Interior de la Hoya de Buñol Chiva y la Asociación del Llano de Chiva a la Plana de Utiel.
A cuenta de ese medio millón que Agricultura quiere recuperar para devolver un tercio del dinero a Europa, ambas entidades tienen hoy sus cuentas bancarias a cero euros por unas gestiones y obras que se hicieron hace una década. Y esos embargos no han sido suficientes porque los recursos que tenían ambas asociaciones no llegan a cubrir la deuda que les reclama Agricultura.
Por tanto sus actuales gestores, que no tienen nada que ver con quienes generaron este problema, están preocupados porque no saben cómo la administración va a cobrarse el total de la deuda. Por ejemplo, en el caso de la Asociación del Interior se le han embargado 81.000 euros a cargo de los 393.000 que tiene que devolver. Sus directivos desconocen si la Agencia Tributaria actuará contra los propios directivos de la entidad o contra los ayuntamientos que están ahí representados.
Ocho expedientes
Por otra parte, el secretario autonómico de Agricultura Francisco Rodríguez Mulero, alto cargo del PSPV, confirmó en este periódico la pasada semana que su departamento va a iniciar otros 8 expedientes más, seis de ellos en la Hoya y dos en Alicante, por valor de más de 800.000 euros en subvenciones fraudulentas. Este dinero más los tres expedientes antes citados elevan el quebranto a las arcas públicas a más de 1,3 millones de euros. De ellos el 64 por ciento deben volver a la Generalitat y el 35 por ciento a Bruselas ya que es el dinero que reclama la Oficina Antifraude de Europa, la OLAF. Están bajo sospecha las subvenciones otorgadas y ejecutadas a las obras del Espai Jove de Chiva y del centro musical de Siete Aguas, así como a la Fundación Desarroya que llevaba la contabilidad de estos proyectos.
Consecuencias políticas
A parte de estas sanciones administrativas, este uso irregular de fondos europeos ha generado también las primeras consecuencias políticas ya que este largo puente del 9 d'Octubre se ha convocado una reunión en la sede del PSPV en la calle Blanqueries para analizar el asunto. A la cita está previsto que acuda el propio Rodríguez Mulero, además de alcaldes y alcaldesas socialistas de la Hoya para plantear soluciones a este grave problema que está perjudicando a los altos cargos comarcales socialistas. El propio partido ya está sufriendo el desgaste político derivado de haber denunciado en la justicia ordinaria estas presuntas irregularidades, que fueron generadas por los anteriores gestores del PP tanto en la cúpula de Agricultura como en la de la comarca. A esa reunión también tenía previsto acudir la secretaria provincial del PSPV, Mercedes Caballero.
