La reducción del 8% en las tasas académicas para el curso 2018-19, anunciada esta mañana por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, durante su comparecencia para dar los detalles de la ley de Acompañamiento a los presupuestos, se une a la rebaja del 7% acordada el año pasado, culminando así el plan de reducción del coste de las matrículas de un 15% en dos ejercicios, tras las subidas del Ejecutivo anterior que solo en el curso 2012-13 fue del 33,3%, según ha informado

El Consell cumple su promesa, destaca Soler, pese a las limitaciones presupuestarias, con el objetivo de que ningún joven se quede sin estudiar en la universidad por motivos económicos. Como sucedió el curso pasado, los Presupuestos de 2019 incluirán una partida de alrededor de 9,5 millones para compensar a las universidades por la reducción de ingresos como consecuencia de las menores tasas a abonar por los estudiantes.

La rebaja bianual del 15% comportará que la Comunitat Valenciana haya pasado de ser una de las autonomías con las matrículas universitarias más caras a estar en la media estatal. Los alumnos universitarios valencianos se han ahorrado en tasas una media de 200 euros. Además, el Consell continúa mejorando el sistema valenciano de becas, destinando 30 millones a este fin, el doble que en 2015. Eso supone que actualmente hay más de 43.000 alumnos beneficiarios de becas.

Una de las modalidades son las Becas Salario, únicas en España. Hay 1.154 alumnos universitarios que se han beneficiado. Las familias de estos alumnos no pueden hacer frente a los gastos derivados de sus estudios. Este alumnado percibe hasta 600 euros mensuales para estudiar en una universidad pública valenciana.

El IVF, brazo ejecutor de los proyectos de inversión de las conselleries

Mientras, la Ley de Acompañamiento autoriza asimismo la creación del Fondo FinInVal, que será gestionado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), con el objetivo de impulsar financieramente proyectos de inversión e innovación que ejecuten las diferentes conselleries.

FinInVal pondrá a disposición de las diferentes conselleries y departamentos del Consell su conocimiento en la gestión de proyectos financieros para ayudarles a materializar aquellos que quieran llevar a cabo. En este sentido, el personal técnico del IVF se encargará de asesorar y actuará como gestor de los instrumentos financieros incorporados a este fondo.

La dotación económica de FinInVal, que se constituirá como un fondo sin personalidad jurídica, provendrá de los créditos consignados en las leyes anuales de presupuestos generales de la Generalitat y de las aportaciones de otras entidades públicas, sin perjuicio de que pueda recibir también aportaciones de entidades privadas.

Para el año que viene se prevé la creación de dos instrumentos financieros en colaboración con la Agencia Valenciana de la Innovación: un programa de préstamos participativos heredero de la actual línea Innovación + del IVF y un fondo de capital riesgo gestionado por gestoras privadas que serían seleccionadas en convocatoria competitiva. Éste será el tercer fondo gestionado por el IVF, tras la creación del Fondo de Fondos Feder, destinado a las pymes y con un activo total de 100 millones, y el Fondo de Fondos FSE, con el fin de otorgar microcréditos para desempleados.

El PIP, hasta 2020 para salvar 125 millones para los alcaldes

El anteproyecto de norma que acompaña a los Presupuestos de 2019 también amplía año y medio, hasta el 31 de diciembre de 2020, el plazo de ejecución del Plan de Inversiones Productivas (PIP) para salvar 125 millones de inversiones de una treintena de ayuntamientos. Las dificultades a la hora de finalizar los proyectos incluidos por el anterior Consell, con múltiples deficiencias e irregularidades en los expedientes, cuando no inmersos en litigios o conflictos administrativos, y que han tenido que rehacerse para darles viabilidad, hace que en estos momentos haya proyectos, normalmente de gran envergadura, que necesitan de más tiempo para su ejecución.

Además, el actual Consell dio a los alcaldes la posibilidad de modificar o sustituir sus proyectos para elegir otros de mayor utilidad para la ciudadanía. Otro factor para flexibilizar la ejecución ha sido la entrada en vigor este año de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que ha incorporado nuevas exigencias para la licitación y contratación de las obras. El Consell ha apostado por resolver los problemas en la tramitación de los proyectos para garantizar estas inversiones en beneficio de los ciudadanos y que los alcaldes no pierdan los recursos.