Mandan los condicionales. Está por ver si el acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aglutina más apoyos parlamentarios, necesarios para la supervivencia del pacto, y está por ver qué dice Bruselas del aumento de gasto que implica. Pero de momento, las líneas apalabradas para los presupuestos del Estado de 2019 "a los valencianos nos suenan bien".

Al menos, al Consell le suenan bien. Precisamente, el jefe del Consell ha realizado una primera valoración en el aeropuerto de la capital comunitaria, donde ayer intervino en el Comité de las Regiones de la UE. "Es una muy buena noticia", ha dicho Ximo Puig, que ha destacado que las líneas principales coinciden con la política del Botànic.

Más allá de la concordancia ideológica con la Moncloa, los acuerdos son interpretados como un posible alivio financiero de varios cientos de millones de euros para el Consell, ya que el Gobierno pasaría a colaborar y hacerse cargo de algunas partidas sociales que ahora lleva adelante en solitario el ejecutivo de Puig y Mónica Oltra.

Bajando a la letra pequeña, el Gobierno de Sánchez se sube por ejemplo a la derogación de los copagos a pensionistas y familias con rentas bajas ya ejecutada por el Consell.

En dependencia, el acuerdo supone volver a la financiación recogida en la ley de la época de Rodríguez Zapatero, que plantea un compromiso de financiación del 50 % por el Gobierno, algo nunca respetado después. Ahora esa obligación no pasa del 12 % en el caso valenciano. El resto lo asume la Generalitat. Ya se habló del asunto en la reunión de Puig con Sánchez en la Moncloa. Y en esa línea se va ahora. En Presidencia entienden que podrá ahorrar unas decenas de millones.

El aumento de las becas universitarias y la bajada de tasas es otro punto del acuerdo que sigue las políticas del Botànic y que puede suponer que la Generalitat tenga que hacer un menos esfuerzo en este campo.

Algo parecido puede decirse del previsto plan de choque estatal para recuperar investigadores que emigraron durante los años peores de la crisis. Es un trasunto del plan del Consell contra la fuga de talentos.

El índice de precios de referencia en la vivienda es otro objetivo que Puig y Oltra habían planteado y que ahora aparece también en el marco del acuerdo presupuestario estatal. Parece que también se van a definir instrumentos para limitar los apartamentos turísticos, que es otra línea programática valenciana.

En Sanidad, Carmen Montón no está de ministra pero la huella de la política comenzada en la Comunitat Valenciana persiste. La comisión pactada por Sánchez e Iglesias para analizar las privatizaciones sanitarias y "blindar" la sanidad pública bebe de la no renovación de la concesión del hospital de la Ribera y la cancelación de la del de Dénia.

Los aumentos de las pensiones mínimas y no contributivas, así como del salario mínimo interprofesional, consideran Puig y los suyos que puede ser beneficios para los valencianos, porque en todas esas prestaciones la C. Valenciana está por debajo de la media.

Y el Gobierno va a permitir a los ayuntamientos usar el superávit del que disponen para desarrollar la educación de 0 a 3 años. Un complemento, según fuentes del Consell, que ya emprendió medidas para la franja de 2 a 3 años. Y un alivio inversor, esperan.

Al margen de la lista de puntos del acuerdo, Puig entiende que el compromiso de Sánchez de destinar el 10 % de las inversiones territorializadas a la Comunitat Valenciana, el logro de la visita reciente a la Moncloa, no debe verse afectado por el pacto presupuestario. "Está comprometido", ha remarcado.

En clave electoral, el pacto con Podemos abre un escenario de "mayor estabilidad" que Puig considera necesario. Empieza a disipar de alguna forma la amenaza del adelanto electoral, aunque para eso se necesita el acercamiento de los grupos catalanes en el Congreso. Pero la posición contraria para estos partidos, la de ponerse al lado de PP y Ciudadanos, no parece fácilmente explicable, argumenta Puig, que prefiere ver el panorama estatal desde la montaña del optimismo.