El acuerdo entre la Conselleria de Hacienda y los sindicatos sobre las futuras oposiciones en el sector público de la Generalitat sancionado en marzo de 2018 lleva camino de quedarse en papel mojado si a quien compete aplicarlo (las empresas y entes públicos) siguen, como hasta ahora, boicoteando su aplicación.

Sólo dos firmas (de la treintena que compone el sector público y fundacional) han cumplido con el plazo otorgado por el departamento que dirige Vicent Soler para convocar las ofertas de empleo público para el período 2017-2019. Se trata del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y Ferrocarriles de la Generalitat (FGV), las únicas que tienen publicadas sus respectivas ofertas en el Diario Oficial de la Generalitat, si bien sólo han sacado aquellas plazas enmarcadas dentro de la tasa de reposición que marca el Gobierno central. Es decir, puestos que han quedado libres porque su titular se ha jubilado. Suman escasamente 29 plazas.

Ahora bien, ni rastro de la plazas para promoción interna o de las destinadas a consolidación de empleo, es decir, las que ocupa el personal temporal. Estas ofertas afectan a muchas más plazas (más de mil) y están pensadas para facilitar que los interinos consoliden su puesto de trabajo.

Ahora bien, antes de poder hacer valer su experiencia, tienen que pasar por pruebas objetivas. Cabe apuntar también que el acuerdo obliga a las empresas a sacar a promoción interna (es decir, a ofrecer a los fijos los puestos cubiertos temporalmente), el 40 % de las plazas convocadas, un proceso que lógicamente moverá a los interinos del sector

Hacienda y sindicatos alcanzaron en marzo un acuerdo considerado histórico ya que por primera vez, se establecía el concurso oposición como modo de acceder a una plaza en el sector público, una pata de la administración que, bajo la pátina de ser más eficaz, permitió la entrada de miles de personas por la puerta falsa.

El pacto, al que se llegó con muchísimas dificultades y con la oposición de buena parte del sector público, fue sancionado a través de una resolución de Soler en la que se emplazaba a las entidades a tener listas sus ofertas en el primer cuatrimestre de 2018. La conselleria, que tiene las competencias del Sector Público, concedió posteriormente algo más de plazo y fijó el 30 de junio como fecha tope.

Sin embargo, el sector público ha hecho oídos sordos. El viernes de la semana pasada, la Comisión de Diálogo del Sector Público (un foro de negociación en el que participan los sindicatos) constató la 'rebelión' de las firmas.

Sólo dos empresas han publicado a medias sus ofertas, mientras que otras tres (Fisabio, Agencia Valenciana de Turismo y la Agencia de la Innovación) están en trámite y han solicitado autorización para publicarlas. Pobre balance teniendo en cuenta que el sector público está conformado por 40 firmas. Además, el ultimátum de la Conselleria de Hacienda tiene una larga trastienda detrás. Desde que arrancó la legislatura, el departamento que dirige Vicent Soler se ha encontrado con auténticos reinos de taifas que han torpedeado desde dentro el intento de poner orden en este sector. La petición de información sobre las plantillas ha sido constante y todavía hay muchas firmas públicas que no han facilitado a Hacienda la relación detallada sobre sus plantillas: fijos, temporales, forma de provisión, etc.

De hecho, los sindicatos llevan reclamando sin éxito una información básica para hacerse una idea de cuántas plazas pueden salir en las convocatorias de consolidación. Existe además otro problema añadido. Las plazas autorizadas por tasa de reposición (unas doscientas en total) se perderán si la convocatoria no se publica antes de que finalice el año. Quedan tres meses de margen.

Dificultades

Fuentes de la Conselleria de Hacienda reconocen las dificultades que están teniendo para meter en cintura al sector público. Sindicatos, como la UGT, propone un golpe encima de la mesa y que sea la Conselleria de Hacienda la que convoque directamente las plazas pasando por encima de las entidades. Sin embargo, jurídicamente esta media no está clara. Hacienda tiene las competencias de Sector Público, pero están limitadas y la gestión de la plantilla corresponde a las empresas, que a su vez responden ante sus conselleries de origen.

No obstante, el malestar es importante y desde el departamento de Soler no se descartan otras medidas para desatascar un proceso que debe acabar con la opacidad. La ley del sector público es una de las asignaturas que quedará pendiente esta legislatura, pero, dado el caos aún existente, su aprobación era inviable.