Una barrera humana de más de un centenar de bomberos forestales y un ruido atronador (procedente de una motosierra ) dio el pasado martes, 9 d'Octubre, la bienvenida a quienes a por la mañana se aproximaban al Palau de la Generalitat. La sonada protesta marcó una jornada que debía pasar a la historia como la primera con asistencia de un presidente del Gobierno. El conflicto con los forestales se arrastraba de lejos y los intentos del Consell para bajar la tensión no impidieron que ese día Pedro Sáchez compartiera protagonismo con los airados uniformados.
Esta protesta no es la única con la que el Gobierno del Botànic ha tenido que lidiar, pero no deja de ser una evidencia más de que ningún gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, escapa a las iras de la calle. Colectivos de distinta índole y con motivaciones dispares han sacado los colores a los distintos gobiernos desde los inicios de la autonomía. Forman parte del paisaje urbano, aunque hay épocas más intensas que otras en función del ciclo económico y el desgaste político.
A diferencia de otras, esta legislatura no ha sido especialmente conflictiva, aunque el bipartito, que pasó tantos años en la oposición y detrás de las pancartas, también ha tenido que escuchar vítores y pitos por su propia gestión. Quizás la protesta de mayor calado fue la de mayo de 2017 que movilizó a miles de personas en defensa de la educación concertada.
La educación, es sin duda, un clásico en la historia de las manifestaciones contra la Generalitat, aunque los motivos de agravio han cambiado. Los ejecutivos de Francisco Camps y Alberto Fabra estuvieron en la picota por quienes salían a la calle para defender una educación pública y en valenciano y exigían el fin de los barracones, mientras que las quejas al Consell de Puig se han centrado en la defensa de la concertada y, con menos visibilidad, contra el decreto plurilingüismo. En realidad, los servicios públicos son recurrentes en las protestas: sanidad, dependencia, etc son los ámbitos más sensibles y cuyos damnificados no han dudado en salir a las calles.
La conflictividad social está muy vinculada a la crisis económica y a los recortes, como bien recuerdan quienes trabajaron bajo las órdenes de Fabra. El último presidente del PP tuvo un mandato especialmente convulso. El cierre de RTVV persiguió hasta la saciedad su agenda pública. Los extrabajadores de la extinta Canal 9 eran asiduos de la plaza de Manises en la reunión de los viernes del pleno del Consell y persiguieron de forma sistemática a Fabra y a buena parte de su equipo en actos institucionales. Los despidos en otras empresas públicas como Vaersa o FGV también enrarecieron el clima político en una legislatura en la que todo tipo de colectivos (farmacéuticos, dependientes, funcionarios, etc.) se quejaban por los recortes e impagos.
No mayor tranquilidad tuvo el expresidente Francisco Camps, sobre todo, en la última recta de su mandato y con el caso Gürtel ya sobre su cabeza. A Camps le afearon en la calle los restrasos en los pagos de la dependencia, los barracones, los recortes en función pública, la corrupción y el «despilfarro», aunque su principal quebradero de cabeza fueron las victimas del accidente de metro ocurrido en 2006 ( 43 viajeros muertos, 47 heridos y cero responsables), quienes protestaron durante 9 años consecuntivos en contra de la «manipulación» del Gobierno sobre la tragedia.
Más lejos en el tiempo quedan las protestas de la etapa de Eduardo Zaplana, el mandatario que a golpe de subvenciones tuvo a raya a muchos colectivos sociales y entidades cívicas. Fueron aquellos años de manifestaciones (la guerra de Irak, ETA, el boicot de Francia a la fruta valenciana), pero la protesta insignia de su mandato tuvo lugar en la inuguración del hospital de Alzira, con agresión incluia el entonces conseller Joaquín Farnós. La sanidad amargó también el final de mandato a Joan Lerma. La huelga de médicos, entre el año 1993 y el 1994, supuso un importante desgaste a su gobierno.
