Al menos un menor, de origen bengalí, estuvo ingresado durante diez días en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores. Así lo alertó ayer la Campaña CIEs NO. La plataforma denunció la vulneración de los derechos del joven (que ahora se encuentra en libertad y atendido por una ONG), así como de la propia Ley de Protección del Menor que prohíbe que puedan ser privados de su libertad y que obliga a la Administración pública a hacerse cargo de su bienestar.

Según explicó a Levante-EMV la portavoz de la plataforma, Cristina Martínez, el menor huyó de Bangladesh y a pie inició su camino hacia España. En su paso por Argelia, la mafia que le procuró la patera con la que llegó a la costa andaluza, le robó su pasaporte. Después de ser atendido por Cruz Roja tras su desembarco en Motril, el joven aseguró a los agentes de la Policía Nacional que él era menor de edad.

No obstante, según indicó a este diario el abogado del menor, Paco Solans, al carecer de un documento original que acreditase su testimonio los agentes apuntaron en el informe que el joven había nacido en 1996 y, por tanto, cumplía con la mayoría de edad y podía ser enviado, junto a otros dos bengalíes (de los que también se sospecha que eran menores de edad) al Centro de Internamiento de Zapadores, en València, donde ingresó a finales de septiembre.

Unos diez días más tarde, el pasado 5 de octubre, la plataforma CIEs No presentó ante la Fiscalía de Menores diversa documentación, entre la que se encontraba el original del certificado de nacimiento, que fue aportado por la familia del menor, que continúa en su país de origen. Con ella se solicitaba que fuera reconocida su minoría de edad para su puesta en libertad.

En dicho documento se denuncia que los agentes apuntaron una «fecha incorrecta de nacimiento» en la que constaba que era mayor de edad, pese a que el joven indicó haber nacido en diciembre de 2000, tal como aparece en su partida de nacimiento. Asimismo, el abogado del joven denuncia que, a pesar de las dudas, en ningún momento se hizo una radiografía de su muñeca que determinase su edad.

Solans asegura que, pese a que el menor se encuentra actualmente bajo la tutela de una ONG, el motivo por el que fue puesto en libertad no corresponde con la petición de CIEs No, puesto que la Fiscalía aún no ha determinado la validez del pasaporte del joven.

Piden su acogida en un centro

«España no tiene acuerdo de expulsión de migrantes con Bangladesh, por lo que cuando las personas de esta nacionalidad ingresan en los CIE son puestos en libertad en poco tiempo, ya que no pueden ser devueltos a su país», explicó Solans. «Que haya salido del centro el mismo día en el que presentamos la petición ante Fiscalía ha sido solo una casualidad», añadió.

Ahora, la campaña CIEs No ha dado parte a la Generalitat para que se haga responsable de su acogida y sea internado en un Centro de Menores en situación de desamparo. Sin embargo, el abogado explica que hasta que la Fiscalía no declare que es menor de edad, deberá seguir bajo la tutela de la ONG.

Cristina Martínez denunció que situaciones como esta «corroboran que es imposible el cumplimiento de los derechos humanos en estas cárceles racistas», por lo que advirtió que «la única opción respecto a los CIE es su cierre inmediato».