Más de 3.000 menores son tutelados cada año por la Generalitat Valenciana al encontrarse en situación de desamparo. Los motivos son muy variados: las personas adultas que deben encargarse de su seguridad no cumplen con su obligación en diferentes supuestos como malos tratos, drogadicción, abusos o, entre otros, inducción a la delincuencia, o bien no están físicamente a su lado, como en el caso de los inmigrantes no acompañados que llegan a la Comunitat o aquellos niños o adolescentes que han perdido a sus progenitores.

Varios profesionales que trabajan con estos chavales han querido dejar claro que en ningún caso ellos son responsables de encontrarse en esta situación y su abandono no se puede achacar a su mala conducta.

Las cifras de niños desamparados han fluctuado en los últimos tres años. Mientras que entre 2015 y 2016 se produjo un incremento del 17 %, al ejercicio siguiente descendió un 5,6 %. En el periodo que va desde finales del 2017 hasta septiembre del 2018 volvió a crecer, un 4,8 %. Mientras que en 2015 se formalizaron 3.128 tutelas, en 2017 la cifra fue de 3.451 en toda la Comunitat Valenciana.

En este 2018, hasta el mes de septiembre un total de 3.619 niños y adolescentes fueron declarados en riesgo. La Conselleria de Igualdad atribuye este incremento a la llegada de menores de edad no acompañados, sobre todo inmigrantes. La valenciana es la sexta autonomía que más personas recibe en esta situación.

La declaración de desamparo puede venir motivada por una denuncia policial o sentencia judicial, pero también se puede activar el protocolo porque se detecte una situación de riesgo para el niño a través de Sanidad (una atención hospitalaria o su médico de cabecera), Educación (la tutora o algún profesor del centro) o Servicios Sociales.

Una vez se hace un estudio del menor se le deriva al recurso más adecuado para sus circunstancias (familia acogedora o centro de acogida). La conselleria está fomentando el acogimiento familiar, sobre todo en el caso de los menores de 6 años. Con este objetivo, además de ponerse en marcha diversas campañas, se han mejorado las prestaciones económicas que reciben.

La directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, ha manifestado que es «muy importante impulsar acciones que contribuyan a conseguir que los niños, niñas y adolescentes se puedan desarrollar en un ambiente familiar». Molero también ha resaltado que las ayudas a las familias acogedoras se han equiparado y ya perciben la misma cantidad las educadoras que las extensas.

Los centros de acogida también han sido objeto de una reforma. El nuevo modelo reduce el número de plazas por centro y amplía el número de profesionales alrededor de un 60 %. Los menores que entran en el sistema de acogida tienen un seguimiento, tanto ellos como sus familias, para ver su evolución y relación.