La exconsellera de Sanidad y ahora también exministra del área, Carmen Montón, lo publicitó como uno de los grandes avances de su legislatura: la Administración iba a poder recuperar 300 millones de los cinco hospitales bajo concesión administrativa (el llamado modelo Alzira) cuando se pusieran al día con las liquidaciones, el balance de deudas mutuas que deben cerrar anualmente las empresas con la administración.
Ahora, una resolución del Tribunal Supremo deja en el aire el anuncio de Montón y, aunque no hay todavía cifras sobre la mesa, el montante prometido por la exconsellera podría reducirse drásticamente, cuando no tornarse en cifras negativas.
El Supremo ha entrado a pronunciarse en la polémica de las liquidaciones entre Sanidad y las concesionarias después de que la gestora del hospital de Manises, Sanitas, pusiera en duda los más de 100 millones que la administración le reclamaba por los primeros cinco años de gestión: de 2009 a 2013.
La empresa entendía que la forma de realizar la liquidación no era la adecuada y de ahí que la llevaran a los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le dio parcialmente la razón a la concesionaria, resolución que la Abogacía de la Generalitat recurrió en casación ante el Alto Tribunal que ahora inadmite, directamente, entrar a estudiar el recurso e impone, además la cuantía de las costas, 2.000 euros, a la administración.
Las liquidaciones son un «ajuste de cuentas» entre la Administración y los gestores privados de las cinco áreas de salud (cuatro tras la reversión de Alzira en abril) bajo concesión administrativa: Ribera Salud, Sanitas y DKV. La Administración paga anualmente a cada una de las empresas una cantidad, teniendo en cuenta tanto el número de pacientes que hay en cada área de salud como el dinero que la propia conselleria va a gastarse por habitante. Sin embargo, a final de año, deben cruzarse diversas «facturas» en ambos sentidos, como los pacientes atendidos de otras áreas que obligan a ajustar esa cantidad inicial.
El problema es que desde la puesta en marcha del modelo Alzira, y bajo el Gobierno del Partido Popular, las liquidaciones no se habían cerrado de forma anual, dejando un problema de grandes dimensiones al Gobierno del Botànic.
50 millones a pagar, según el PP
El Consell del PP avaló antes de abandonar la Generalitat una deuda a favor de las concesionarias de 50 millones de euros, cifra que desestimó el Consell del Botànic nada más entrar argumentando que los anteriores gobiernos habían llegado a acuerdos para compensar a las empresas al margen del contrato y que estos pactos se habían «impuesto» a través de las comisiones mixtas de seguimiento del contrato que, en principio, no tenían potestad para ello.
Aplicando estos nuevos baremos, la Conselleria de Sanidad bajo la dirección de Carmen Montón, rehizo las liquidaciones empezando por los años que quedaban pendientes del área de la Ribera. De esta forma se cerraron las liquidaciones de Alzira de 2006 a 2012. Un informe de la Intervención General de la Generalitat concluyó a mediados del año pasado que la nueva forma de hacer las liquidaciones era la correcta, lo que dejaba la puerta abierta a aplicar el mismo mecanismo en todas las liquidaciones pendientes: las de Alzira hasta 2018 que el área volvió a ser pública, todas las de Manises y Dénia desde su apertura en 2009, todas las de Elx desde que empezó a funcionar en 2010 y las que faltaban de Torrevieja desde 2012.
De esas nuevas «cuentas» salían los 300 millones de euros prometidos por Montón que ahora están en cuestión.
Fuentes del hospital de Manises aseguraron tras conocerse el auto del Supremo que irán «de la mano de conselleria» en la aplicación de la sentencia que «respetan», al igual que si hubiera sido contraria a sus intereses. Desde la Conselleria de Sanidad han evitado pronunciarse sobre el impacto que la providencia del Supremo y sobre el coste que, para las arcas públicas, tendrá esta nueva forma de cuantificar las liquidaciones.
