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Recortes

Los ayuntamientos guardan en los bancos 4.000 millones que no se pueden gastar

Los depósitos de las Administraciones locales y provinciales han aumentado más del doble en el último lustro - Es la consecuencia de la aplicación de las medidas de recorte del gasto impuestas por el exministro Montoro en 2012

Si hay una Administración que ha acatado al pie de la letra las medidas que impuso el Ministerio de Hacienda en 2012, cuando estaba en manos de Cristóbal Montoro, para acabar con la creciente morosidad en la que incurrieron durante los años de alegría económica y también para evitar que se desmadrara el déficit, han sido los ayuntamientos.

Los datos que semestralmente ofrece el Banco de España sobre los depósitos y créditos de las Administraciones Públicas en las sucursales de la Comunitat Valenciana revelan que, en los últimos seis años, se ha triplicado la cantidad de dinero que consistorios y diputaciones guardan en los bancos. Esta situación es la consecuencia directa del recorte del gasto al que obligaron las restricciones del Gobierno.

El pasado mes de junio, los municipios valencianos acumulaban en las entidades bancarias algo más de 4.000 millones de euros. Se trata de casi el triple de la cantidad que tenían guardada en las mismas fechas de 2013, cuando estas cuentas solo sumaban 1.719 euros.

Desde ese año, los ahorros no han dejado de incrementarse ejercicio tras ejercicio, con un salto importante en el último trienio, como se aprecia en el gráfico que acompaña esta información.

Depósitos y créditos de los consistorios con sucursales en la Comunitat

Infogram

Sólo para amortización de deuda

Esta situación no es precisamente del gusto de los ayuntamientos y sus responsables políticos. Y es que se trata de un dinero del que las Administraciones locales no pueden hacer uso libremente, pues las propias medidas de estabilidad fijan que el destino solo puede ser la amortización de deuda o la inversión en proyectos que sean financieramente sostenibles, eso sí, siempre y cuando sigan bajo el yugo de los planes de ajuste aprobados en el año 2012 por la mayoría.

Los alcaldes y concejales, de hecho, hace años que claman contra esta situación, ya que consideran que penaliza a aquellas Administraciones que debido a una gestión adecuada de los recursos económicos municipales logran cerrar con superávit sus ejercicios.

En el desglose de las cifras autonómicas, las localidades de la provincia de València son las que más capital acumulan, con un total de 2.435 millones de euros, según las cifras que maneja el Banco de España. A esta le sigue Alicante, con algo más de 1.300 millones y los ayuntamientos de Castelló, que se acercan a los 300 millones de euros.

La parte positiva de estas medidas impuestas desde el Ejecutivo en los años más crudos de la crisis es que la deuda de la mayoría de ayuntamientos se ha reducido drásticamente.

Así, por ejemplo, los datos del Banco de España indican que el volumen de créditos que las Administraciones tienen con sucursales bancarias de la Comunitat Valenciana se ha reducido en estos años más de un 37 %, al pasar de los 10.900 millones de 2012 a los 7.000 millones del pasado mes de junio.

En el caso de la provincia de València, por ejemplo, la deuda de los consistorios con los bancos se ha reducido en 2.600 millones de euros, al pasar de los casi 9.700 del mes de junio del 2012 a los 6.440 registrados en el primer semestre de este año. Un descenso más que significativo es el que ha experimentado la provincia de Alicante, con un 65% al pasar de 1.130 a apenas 456 millones de euros de deuda contraída por los ayuntamientos con los bancos.

La contrapartida es ese aumento de los fondos que los consistorios guardan en sus cuentas y que no pueden gastar, para desesperación de muchos alcaldes, que se ven obligados a recortar servicios a pesar de disponer de recursos, como denuncia el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo que se creó para controlar que las administraciones siguieran la senda del equilibrio presupuestario, ha llamado la atención sobre esta situación ante lo abultado de los fondos que los consistorios tienen inmovilizados. Y es que, según sus cálculos, este año los ayuntamientos de toda España acabarán con más de 28.000 millones en la libreta. Una cantidad equivalente al 2 % del PIB nacional.

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