La aprobación de una nueva norma legislativa no supone automáticamente una mejora en la gestión pública. Es más, en ocasiones, la producción normativa lejos de conllevar un mejor uso de los recursos públicos o avance significativo en la materia regulada, acaba incrementado la burocracia y las cargas administrativas. De ahí, la importancia de que, una vez aprobadas, las normas sean revisadas e incluso evaluadas. Esta es la filosofía que preside el proyecto de decreto del Consell por el cual se regula el Plan Normativo y el Informe de Evaluación Normativa de la Administración de la Generalitat, un proyecto que lleva años en la sala de espera del Ejecutivo y que ha recibido un impulso en la recta final de la legislatura. El decreto, en estos momentos en fase de audiencia pública, tiene por objetivo sentar las bases para que la propia administración ponga a prueba la eficacia de sus propias normas.

Así, de forma anual, las conselleries deben informar de la previsión de todas aquellas normas que tienen previsto aprobar el año próximo y seleccionar aquellas que serán objeto de examen. De esta manera, una vez en vigor, lo distintos departamentos deberán determinar si la norma en concreto ha cumplido sus objetivos. Además, se evaluará si los costes y las cargas administrativas y presupuestarias derivadas de las normas «estaban justificadas y correctamente valoradas».

Entre otras cuestiones, el examen que deben pasar las normas incluye si se han ajustado o no al principio de intervención mínima. Es decir, si la regulación era imprescindible para atender las necesidades. Entre los ítems analizados también se deberá tener en cuenta la coherencia (si la norma está integrada en el ordenamiento jurídico); así como otros resultados de la aplicación de la norma.

Según queda reflejado en la norma, corresponde a Presidencia de la Generalitat elaborar el informe de evaluación normativa a partir de las propuestas recibidas de los distintos departamentos. Este informe debe ser aprobado durante el primer trimestre del año y deberá hacerse público en el portal de Transparencia.

En el preámbulo, Presidencia de la Generalitat justifica el retraso en la puesta en marcha de esta iniciativa en un conflicto jurídico en torno a la competencia de las comunidades autónomas en la revisión periódica de la normativa. El asunto quedó resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo. Con todo, la evaluación de la propia gestión es una de las asignaturas pendientes del Ejecutivo.

Aunque cada conselleria podrá libremente escoger qué normas son objeto de examen, el decreto fija una serie de criterios.

Así, deben ser autoevaluadas aquellas regulaciones que tengan una «incidencia relevante sobre los derechos y libertades constitucionales».

También aquellas que supongan un coste o ahorro significativo para la Generalitat. El impacto sobre la economía en la Comunitat Valenciana, el incremento o reducción de cargas administrativas, la posible conflictividad de la norma y el impacto por razón de género, infancia, adolescencia o familia también serán elementos que deberán tenerse en cuenta a la hora de la autoevaluación.