Las cifras no cuadran, unos dicen 45 y otros 36, pero nadie niega que faltan plazas de educadores por cubrir un mes después del inicio de curso. Y el problema se repite de forma cíclica, curso tras curso. Los educadores (tanto de Educación Especial como de Educación Infantil) trabajan en los colegios e institutos, pero no dependen de la Conselleria de Educación, sino de la Dirección General de Función Pública (que depende de la Conselleria de Justicia).
Como publicó ayer Levante-EMV, Intersindical Valenciana ha contabilizado, al menos, 45 centros sin educador (de Educación Especial y de Infantil) y aseguran que en varios casos las plazas no se han cubierto desde finales del curso pasado (meses de mayo y junio). La Conselleria de Justicia acota la cifra hasta 36 plazas sin cubrir y afirma que todas ellas son posteriores al 26 de septiembre.
Desde Intersindical Valenciana lo niegan, afirman que existen plazas sin cubrir desde finales del curso anterior y tienen clara su denuncia: «Con que exista una sola plaza de educador sin cubrir, el sistema falla. Porque los educadores son clave en la inclusión de los menores más vulnerables, de aquellos que o son muy pequeños, o tienen necesidades especiales».
Un día después de la publicación de la falta de educadores en medio centenar de colegios e institutos valencianos, la Dirección General de Función Pública ha anunciado un acto de adjudicación de plazas de educador para el próximo miércoles, ya que el objetivo de la Conselleria de Justicia es «cubrir el máximo de plazas posibles durante este mes de octubre».
Tasa de reposición
Ahora bien, los problemas o demoras en la cobertura de las plazas de los educadores de la Comunitat Valenciana tienen su respuesta en la Ley General Presupuestaria, según afirmaron ayer fuentes de UGT. Dos términos explican la demora: tasa de reposición y prioridad. «Las coberturas de las plazas de los educadores están sujetas a los límites que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que marca una serie de excepciones con respecto al concepto de tasa de reposición de efectivos. Si no existe plaza de reposición significa que la comunidad autónoma puede convocar el 120 % de las plazas de la gente que se jubila y tiene vacantes. Pero ese concepto -que introdujo hace años José María Aznar- limita a todas las administraciones en el acceso al empleo. Solo puedes convocar las que marca la tasa de reposición. Y para los puestos de las administraciones públicas, solo se autoriza el 50% de la tasa de reposición de efectivos y no de las vacantes. Esto es un invento para, teóricamente, intentar limitar el gasto, aunque es mentira. Sin embargo, supone que si tienes dos jubilaciones solo puedes cubrir una», explican fuentes de UGT.
Ahora bien, la ley marca excepciones para esas tasas de reposición de forma que el sistema es diferente para cubrir plazas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, inspección tributaria, bomberos, personal sanitario, personal docente... Los educadores, sin embargo, no son personal docente y ni existe intención o movimiento alguno para que lo sean. Aunque trabajen con los menores más vulnerables del sistema educativo, el proceso es el mismo que para el resto de funcionarios de la Administración.
La cobertura de plazas de Educador se bloquea pues en Función Pública e Intersindical Valenciana exige una solución «inmediata» para que los «problemas presupuestarios o el ahorro» no afecten en la educación de los niños más pequeños y de los que precisan de una atención especial en el colegio.
