La llamada Operación Tarantelo contra una trama que pescaba y comercializaba atún rojo de forma ilegal, de la que informó en exclusiva Levante-EMV hace meses, se ha saldado finalmente con la detención de 79 personas. La Guardia Civil ha intervenido más de 80.000 kilos de este preciado atún de procedencia ilícita, cuyos beneficios brutos podrían superar los 12 millones anuales. Algunos de los arrestados, empresarios del sector pesquero, habían obtenido hasta 25 millones de euros de beneficios en un año con la comercialización de este pescado capturado de forma ilícita en aguas de Malta e Italia.
Además de las detenciones, se han realizado 49 registros e inspecciones en las que se han intervenido más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita, cerca de medio millón de euros en efectivo, joyas, relojes y otros objetos de gran valor, así como siete vehículos de alta gama, tasados en más de 600.000 euros, según fuentes de la Guardia Civil.
Pescado en Malta e Italia
La operación se inició tras obtener varias informaciones sobre posibles irregularidades en la pesca del atún rojo en el Mediterráneo. A medida que se iba avanzando en la investigación se comprobó que las primeras empresas investigadas se aprovechaban de la parte legal de su actividad empresarial para introducir una gran cantidad de atunes pescados ilegalmente.
Así, con facturas y otros documentos que se correspondían con la compra legal de atunes, procedentes en muchos casos de granjas debidamente autorizadas, amparaban otros especímenes pescados ilegalmente. La operación, llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) del Seprona, ha sido coordinada por un juzgado de Picassent. Los principales encausados, empresarios de Murcia, València, Málaga y Algeciras, fueron puestos a disposición judicial en junio. Están acusados de los delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y un delito contra la fauna.
El seguimiento de las conexiones entre empresas y el estudio del movimiento de la mercancía permitió establecer las diferentes actividades en las que eran partícipes, documentando las entregas de dinero negro y recopilando documentación que había sido presentada con idéntico contenido en diferentes puntos de venta.
Aunque la actividad comercializadora de las empresas investigadas se centraba en España, la mayor parte de los ejemplares procedían de otros países, salvo un porcentaje muy bajo de capturas españolas no declaradas, aclararon fuentes del Instituto Armado.
En concreto, una de las vías tenía origen en Malta desde donde se enviaban algunas piezas de origen legal por vía aérea y de forma paralela, introducían por carretera desde este país el mayor volumen de animales utilizando la documentación legal del primer envío para amparar este comercio ilícito. Otra vía de entrada se iniciaba en Italia utilizando procedimientos similares salvo, las capturas ilegales, que llagaban a España por carretera sin ningún tipo de documentación y control de trazabilidad.
Una vez en España, se unificaban las líneas de distribución hacia empresas menores del sector. Por el aeropuerto madrileño entraban desde Malta 1.250.000 kilos con documentación legal, aunque en el mercado negro se comercializaba el doble.
