La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó ayer al Congreso de los Diputados con tres buenas noticias para los intereses valencianos y una mala. Lo bueno es que aseguró a preguntas de Compromís que el proyecto de presupuestos del Estado de 2019 contendrá «numerosas medidas» para una mejor financiación admitió en sede parlamentaria que es «probablemente la peor financiada» y anunció una pronta reunión con los representantes de la coalición para recabar su apoyo.

Lo negativo es que, de nuevo, las posibles mejoras quedaron en la indefinición, porque al bajar al terreno de lo concreto la ministra reiteró a grandes líneas lo anunciado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 22 de agosto. Aquel en el que el conseller Vicent Soler votó a favor de la senda de déficit y provocó una de las crisis más importantes con Compromís, ya que el socio en el Consell denunció que la decisión había sido adoptada unilateralmente.

Aquel día el ministerio habló de unos beneficios para las arcas valencianas de 850 millones, distribuidos en 350 millones de la deuda del Consorcio Valencia 2007 que asumía el Estado, 250 millones de la liquidación del IVA que en tiempos de Cristóbal Montoro quedaba incompleta y otros 250 por la suavización del objetivo de déficit.

Ayer, María Jesús Montero habló de «al menos» 900 millones para financiar los servicios públicos y volvió a enumerar casi todas las medidas anunciadas, a las que sumó el paso de deuda de corto a largo plazo y «la recuperación del compromiso de financiar el sistema de la dependencia», tal como el presidente, Pedro Sánchez, comunicó al jefe del Consell, Ximo Puig, en su reciente encuentro en la Moncloa.

En resumen, mucha voluntad, pero de nuevo exenta de concreción. En el Palau de la Generalitat están convencidos, no obstante, de que los presupuestos del Estado incluirán partidas que mejorarán esos 900 millones.

La reivindicación valenciana se puede situar en un mínimo de 1.325 millones, que es el ingreso «reivindicativo» (no es real) que el Botànic incluye en todas su cuentas anuales.

Hasta ahora, los 900 (o 850) millones no han valido para Compromís, que considera que solo los 350 de la deuda del consorcio de La Marina son una mejora real y no una reparación o un ingreso condicionado. Ayer, el diputado Ignasi Candela se declaraba «satisfecho», porque «parece que hay un avance». Destacaba además la reunión prevista, sin fecha de momento, en la que esperan la concreción de medidas paliativas.