Nuevo choque interno en el Consell bipartito en un final de legislatura que, como se esperaba, se complica cada día que pasa. La razón en esta ocasión ha sido el presupuesto de Sanidad y el nuevo mecanismo que Hacienda quiere aplicar para tramitar los pagos de esta conselleria. Supone, a propuesta de la Intervención, sustituir la fiscalización total previa por otra a posteriori más intensa pero solo para una muestra de facturas. El objetivo final, según las fuentes consultadas del Consell, es reducir el periodo medio de pago a proveedores, porque ya ronda los 60 días y se teme que pueda superarlo antes de fin de año. Si eso sucede dos meses seguidos, es causa de intervención automática de las cuentas por parte del Ministerio de Hacienda, según la ley de Estabilidad.
Ese es el argumento que el conseller Vicent Soler puso ayer sobre la mesa del pleno del Consell para pedir la aprobación del proyecto. El ambiente ya estaba tenso, porque primero se había tratado una inyección de cerca de 150 millones a Sanidad y consellers de Compromís, con la vicepresidenta Mónica Oltra a la cabeza, habían alegado «el agravio» con sus cuentas. Al final, no obstante, salió adelante, según fuentes consultadas en diversas conselleries.
La que no prosperó fue la propuesta posterior de cambio de fiscalización de las facturas sanitarias (32.000 están pendientes). Topó con la resistencia de los consellers de Compromís encabezados por Oltra, aunque fuentes de la coalición aseguran que «la alarma» fue transversal, sin colores políticos, ante lo que podía interpretarse como una «relajación de controles» en una comunidad que viene de un pasado reciente de corrupción y despilfarro.
Al final, según varias fuentes, tras la intervención de la titular de Justicia, Gabriela Bravo, se decidió dejar el asunto para más adelante y realizar algunas comprobaciones sobre el procedimiento.
El choque había tenido un prólogo el día anterior, cuando el asunto se llevó a la mesa de la reunión de subsecretarios preparatoria del pleno (el llamado consellet) y ya no salió adelante.
Los dos episodios reflejan un clima de tensión al alza con dos protagonistas principales (Soler y Oltra) en un contexto que facilita encontronazos, como es el de la elaboración de los presupuestos de 2019. Ayer se dio la circunstancia además de que no estaba presente el jefe del Consell. Ximo Puig abandonó el pleno para desplazarse a Burriana y Benicarló, donde se concentraban las lluvias más intensas.
En el entorno de Puig aseguran que el fin no es reducir los controles, sino equipararse con la mayoría de autonomías y aliviar el índice de pago a proveedores, que en agosto se situó en 58,49 días, al borde del abismo de los 60.
Ante esta situación, y para evitar la temida intervención de las cuentas, la solución transitoria prevista es la provisión de urgencia de personal en Intervención para poder visar las 32.000 facturas. Mientras tanto, el clima del Botànic pasa a tormentoso.
