21 de octubre de 2018
21.10.2018
Proceso

El Consell asumirá más de 7.500 empleados de las concesionarias

La fórmula elegida por la Generalitat para subrogar el personal de adjudicaciones sanitarias, residencias y bomberos forestales crea 'pseudofuncionarios'

20.10.2018 | 22:38
Oposiciones a Enfermería, esta mañana en València. Fotos: Eduardo Ripoll

«Hemos abierto un melón que traerá consecuencias». Así de contundente se muestra un dirigente con importantes responsabilidades en el Ejecutivo valenciano en referencia a la solución que el Consell del Botànic está dando al personal procedente de las concesiones ya rescatadas o previstas para los próximos años. El proceso de reversión de servicios públicos privatizados, principalmente en el ámbito sanitario y en el de los servicios sociales, arrancó con el hospital de la Ribera, un proceso que ha supuesto la subrogación de más de mil sanitarios que, con la etiqueta de personal laboral a extinguir, se han convertido de facto en seudofuncionarios estatutarios, ya que podrán conservar su plaza pública hasta la jubilación.

Esta solución, no será, como quizá se planteó en un principio, excepcional para el hospital de Alzira. Abierta la puerta, otros han seguido el mismo camino. Para empezar la idea es que sea aplicada en la reversión de aquellas residencias que están gestionadas por entidades privadas y que, según estimaciones de la patronal, dan trabajo a 3.000 personas. También se extenderá a otros servicios sanitarios privatizados pendientes de rescate como las resonancias magnéticas. Además, es la fórmula que defienden Compromís y Podemos (y que quedó sancionada en la ley de acompañamiento de 2018) para la plantilla de 800 bomberos forestales procedentes de la empresa estatal Tragsa y que ahora tocan a la puerta de la Administración autonómica a través de la Agencia Valenciana de Emergencias adscrita a Presidencia.

Así las cosas, según los cálculos de este diario, entre lo ya rescatado y aquello que está en proceso y comprometido públicamente por el Ejecutivo valenciano para los próximos cuatro años, más de 7.500 personas pasarán en los próximos años a engordar la plantilla de la Generalitat y su sector público empresarial. La cifra podría sumar varias unidades de millar más si el Gobierno de turno completa en 2025 el rescate de todas las concesiones sanitarias. Así, con la concesión de Elx-Crevillent se culminaría la recuperación de los hospitales de gestión privada y un total de 5.369 sanitarios pasarían a ser personal de la Generalitat.

La subrogación procedente de servicios públicos desprivatizados supone un problema presupuestario de calado ya que ata el capítulo de personal, pero este, con ser preocupante, no es principal. Fuentes expertas en el ámbito de la función pública admiten que la vía usada para integrar a este personal supone una entrada «por la puerta falsa» a la Generalitat, ya que aunque no son considerados funcionarios, en la práctica lo son porque su puesto está blindado de por vida. Vienen a ser inamovibles, pero con la salvedad de que para obtener tal inmunidad no pasaron por un proceso selectivo en el que se respetaran los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, nunca pasaron una oposición que sí se exige al funcionariado.

La realidad laboral y jurídica del personal procedente de las concesiones sanitarias, bomberos forestales y trabajadores al servicio de residencias de diversidad funcional es dispar, pero la clave es que está previsto que unos y otros acaben en el mismo saco, el del «personal a extinguir».

Esta figura tiene su sustento en la ley de reestructuración del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat de 2013, la norma impulsada por el Consell de Alberto Fabra para encarar el proceso de adelgazamiento de este sector. Con rechazo ya entonces de algunos sindicatos, se propició que aquellos trabajadores en nómina en fundaciones y mercantiles que fueran extinguidas pudieran incorporarse a otras entidades de derecho público en la condición de «a extinguir».

Sin embargo, lo que estaba previsto para movimientos de personal en el ámbito del sector público ha acabado ampliándose a otros casos con un encaje jurídico más que dudoso y que además crea un problema de gestión de personal de difícil digestión.

Aunque la ley popular insistía en que estas personas nunca serían empleados públicos y para ello deberían aprobar un proceso selectivo, la futura ley de acompañamiento de los presupuestos de 2019 ha acabado de cerrar el círculo con una disposición transitoria en la que deja claro que este personal podrá quedarse sine día sin superar una oposición porque su plaza no podrá salir a oferta de empleo público.

Uno de los puntos débiles de este proceso, según diversas fuentes especialistas consultadas, es la propia aplicación del artículo 44 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, relativo a la sucesión de empresas y que recoge la subrogación del personal de una empresa a otra. La duda surge cuando la sucesión de sociedades se aplica desde una mercantil privada a una administración. Tal como en su momento precisó el Consell Jurídic Consultiu (CJC) en su informe sobre el decreto de Sanidad que regularizó la situación de los trabajadores de la Ribera, existe un vacío legal ya que el Gobierno central no ha regulado de una forma clara el estatus del personal laboral de una empresa cuando pasa a la Administración por finalización de una contrata o concesión.

Con todo, el CJC apuntó que la mejor manera de la subrogación del personal de Ribera Salud habría sido mediante la creación de una sociedad pública mercantil. «Esto facilitaría el mantenimiento de las condiciones laborales de los empleados de la concesionaria y la sujeción de este personal a su contrato, a su convenio colectivo y al texto refundido del Estatuto de los Trabajadores», señalaba el órgano consultor. En pocas palabras, se quedarían como laborales fijos, pero no como personal a extinguir asimilado a los estatutarios.

Con los bomberos puede ocurrir algo similar. Si esta plantilla procedente de Tragsa pasa, como defiende Presidencia, a una mercantil pública no cabrá la figura de persona a extinguir, pero Compromís aboga porque, tal como quedó reflejado en la ley de acompañamiento de 2018 vía enmienda, sean absorbidos por la Agencia de Emergencias, es decir, por un organismo público a cuyo personal se le aplica el Estatuto Básico del Empleado Público.

Es el camino seguido por el personal procedente de las contratas que vencen en los centros de diversidad funcional de titularidad pública, pero de gestión privada. El personal se está integrando en el Instituto Valenciano de Acción Social (IVASS), entidad de derecho público dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en calidad de personal laboral a extinguir. La vía legal para esta subrogación se introdujo en realidad en la ley de acompañamiento de 2018, aunque pasó desapercibida. Es ahora cuando saltan las alarmas ya que, aunque la reversión será paulatina, se calcula que supondrá la asunción de 3.000 seudofuncionarios.


Engaño a la ciudadanía

En el Consell son muchas las voces que admiten que el sistema podría ser un fraude de ley y un engaño a la ciudadanía que lleva años esperando su oportunidad para ser empleado público. «Estuvimos años acusando al PP de hacer esto y ahora nos saltamos a la torera los principios de la función pública», apunta una alto cargo.

El asunto, además, ha generado un agrio debate en el seno del bipartito, pero ambos socios de gobierno (PSPV y Compromís) han usado a su conveniencia esta peligrosa fórmula y ahora nadie tiene legitimidad para ponerle freno. Es más, se ha convertido en una vía relativamente fácil para solucionar conflictos y contentar a colectivos afectados.

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