Representantes de personas con discapacidad piden un "giro social" en la Constitución

Así lo han explicado, en declaraciones a los medios, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector en la Comunitat y del Cermi CV, Luis Vañó; el asesor jurídico del Consejo General de la ONCE y doctor en Derecho, Fernando Pindado, y la catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat de València, María Josefa Ridaura, antes de participar en el seminario 'La reforma social de la Constitución Española', organizada por la Plataforma del Tercer Sector.

Vañó ha afirmado que en la Carta Magna, actualmente, hay derechos sociales que "están en los llamados principios rectores de la propia Constitución", en el capítulo tercero, "y eso habrá que trasladarlo y trasponerlo a lo que son derechos fundamentales".

Es el caso de los "derechos humanos para las personas más vulnerables, personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social". Cambiar esta situación supondría "un giro, un cambio radical en lo social en la Constitución", ha asegurado.

Además, ha reivindicado que la reforma "social" de la Constitución tenga "la misma fuerza" e "importancia" que la reforma territorial.

"Si nos metemos en una reforma constitucional, siendo lógicamente costoso lo que es en sí una reforma constitucional y lo que implicaría, ya que nos metemos en ella, lógicamente todos los puntos de tema social deben ser tan o más importantes que solo hacer una reforma basándose en el tema territorial, el tema de las comunidades autónomas o el federalismo", ha señalado.

En este sentido, al ser preguntado sobre si considera que existe el consenso político y social para efectuar una reforma constitucional, ha manifestado que espera que sí, y ha recalcado: "Las voces que se oyen en este aspecto son, sobre todo, en el tema territorial, pero yo estoy convencido de que el consenso llegaría antes en esa reforma social que en esa reforma primera territorial. Por lo tanto, estoy convencido de que el consenso en los temas de esa reforma social de la Constitución tendrían que darse sin problemas".

"Una exclusión clara"

En la misma línea, el asesor jurídico de la ONCE Fernando Pindado ha destacado que los profesionales y activistas que trabajan con personas en riesgo de exclusión se encuentran con "problemas prácticos muy graves" que "acreditan" que, "efectivamente, en el texto constitucional, el encaje de los derechos de estas personas en un capítulo tercero se malinterpreta por los grupos políticos y la judicatura". "Al final, se traduce en una situación de exclusión clara", ha advertido.

Pindado ha puntualizado que esta modificación incide en elementos que "están ya en el propio texto de la Constitución" y que "lo único que hay que hacer es interrelacionarlos".

Su propuesta de reforma "manifestaría que los derechos sociales no son derechos que han de ser necesariamente interpretados, si no que se vinculan con las situaciones de riesgo de exclusión y con la dignidad humana y, por lo tanto, quedan encuadrados en el grupo de derechos fundamentales y derechos humanos", ha subrayado.

Por ejemplo, ha indicado que "hay de forma aislada bastantes sentencias en las que se reconoce el derecho a la vivienda, que es un derecho social del capítulo tercero y se reconoce el derecho cuando los desalojos de determinadas personas, madres con hijos, dependientes o personas mayores".

A su juicio, el "hecho de que se analice esa situación desde un punto de vista de la exclusión social lo configura como un derecho preferente, como un derecho fundamental". Así, "está en el capítulo tercero pero los tribunales interpretan que ese bien jurídico esencial para la vida de esas personas debe ser protegido", ha añadido.

"Podemos hablar del derecho de la vivienda, el de las personas con discapacidad, son derechos que en su propia configuración se reenvían a una ley que los desarrolla. Son derechos fundamentales porque son esenciales para la dignidad de las personas y, por tanto, a la luz del artículo 14 que es el principio de igualdad formal y luego el artículo 9.2 de igualdad material, deben ser protegidos como los derechos fundamentales que son", ha remarcado.

Por su parte, la catedrática de Derecho Constitucional de la UV María Josefa Ridaura ha advertido que el "capítulo tercero del título primero de la Constitución es el que menos protección ha recibido o no goza de una hiperprotección como los demás derechos".

En su opinión, esta circunstancia supone que el texto "requeriría una puesta al día y posiblemente introducir algunos principios que supusieran la consolidación de determinados derechos sociales, de determinadas prestaciones, y que guiaran y forzaran más la actuación de los poderes públicos para que no hubiera una regresión de los mismos", ha explicado.

No obstante, ha admitido que "quizás sea un momento difícil" para abordar una reforma constitucional, pero "debe actualizarse para no convertirse nunca en una camisa de fuerza, si no que haya una correspondencia siempre entre la norma y la realidad". Llevar a cabo esta modificación "exigiría que todos los grupos políticos estuvieran en un determinado consenso", ha señalado.

En una reforma constitucional, "las mayores dificultades están en el modelo de territorial", pero hay "aspectos de menor dificultad para abordar la reforma", los que "no supusieran una reforma total de la Constitución porque el procedimiento es quizás excesivamente rígido y posiblemente ningún grupo está por disolver las cámaras para convocar esa reforma constitucional", ha dicho. "Solamente en algún supuesto en el que estuviera excluido del procedimiento de reforma extraordinario sería posible hoy en día abordarlo", ha manifestado.