Las relaciones entre Generalitat y Diputación de Alicante están rotas. Más que nunca. El último paso lo ha dado el presidente de la corporación alicantina, César Sánchez (PP), que alertó ayer de que no se sentará con el Consell a negociar el vaciado de competencias de la institución que dirige.
Recordó que desde València se ha generado una deuda social con la diputación provincial que alcanza los 190 millones desde 2012, un concepto con el que quieren comprometer al Botànic. Y vuelve a amenazar con los tribunales.
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insistía ayer en las «duplicidades» que se derivan de las competencias prestadas por las diputaciones y pedía a los presidentes de estas instituciones que «no sólo miren su ombligo». Todo ello en un clima de comunicación nulo. Nadie habla con nadie.
El jefe del Consell recordó ayer, día en el que precisamente entraba en vigor la ley de Mancomunidades, que hay que hallar fórmulas para ganar «eficiencia» en la delimitación de las atribuciones con las diputaciones provinciales ya que hay competencias que se duplican.
En su visita ayer a Alicante con motivo de la mejora del servicio de cercanías entre la capital y Villena, Puig insistió en que las instituciones «están al servicio de la ciudadanía» y que sus dirigentes «tienen que hacer aquello que reclama la posición institucional».
Para Puig hay que seguir buscando la fórmula de «negociar», unos contactos en los que difícilmente entrará la Diputación de Alicante, cuyo presidente, César Sánchez, tiene claro que no va a negociar el vaciado de competencias de la institución. Sin embargo el presidente de la Generalitat busca primero la entrada amable. «Les pido que no se miren al ombligo, sino a los ojos de la sociedad», dijo ayer.
El plan B del Consell para meter en vereda a las diputaciones pasa por la propuesta de ley presentada recientemente por Podemos. La normativa de los morados, que llegará más suave a las Corts después de las modificaciones que se pacten con PSPV y Compromís, plantea la coordinación de las funciones propias de las diputaciones y la creación de una comisión de transferencias por parte de la Generalitat y con presencia de las corporaciones afectadas.
