La operación Jamvina, llevada a cabo por la Guardia Civil de València contra una trama de reventa en supermercados de jamones y productos cárnicos caducados se ha saldado con la detención de seis personas y la inmovilización de un millar de toneladas de alimentos que en el mercado hubieran alcanzado un valor de 5 millones de euros.
A los detenidos, todos en Valencia y de edades comprendidas entre los 25 y los 60 años, se les imputan delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales por gestionar de forma clandestina hasta 20 empresas que se dedicaban a reintroducir en el mercado jamones y productos cárnicos en malas condiciones tras reenvasarlos y cambiar las fechas de consumo preferente.
Además, hay otras ocho personas investigadas en el marco del proceso que aún permanece abierto en el juzgado de primera instancia número 3 de Alzira y que ha englobado tres registros y más de treinta inspecciones en empresas de Alzira, Algemesí y Alcobendas.
Los datos de la operación contra estra trama criminal los ha aportado esta mañana el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Amador Escalada; el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Roberto González; el capitán jefe de la Unidad de la Policía Judicial, José Ángel Millán junto al subdirector general de Seguridad Alimentaria de la Conselleria de Sanidad, Vicent Yusà, en lo que ha supuesto una colaboración «fructífera» entre administraciones.
La operación comenzó este verano después de que inspectores de Sanidad detectaran «por vías indirectas» la presencia en Alzira de una nave clandestina que se dedicaba al reenvasado y reetiquetado de toneladas de jamones y productos cárnicos en mal estado para su reintroducción en el mercado. Los alimentos procedían de excedentes de grandes superficies que estaban destinados a su destrucción pero que se reetiquetaban para volverse a vender.
Tal como Levante-EMV avanzó en su día, las condiciones higiénicas en las que este trabajo se realizaba eran deplorables con productos almacenados en el suelo, con moho y en lugares con heces de roedores.
Pese a ello, el responsable de la Conselleria de Sanidad ha asegurado que tras lanzar la alerta sanitaria para retirar del mercado los productos -y que favoreció la inmovilización de lotes en otras provincias- no hay constancia de «ningún intoxicado».
Borrado de datos
Según el capitán jefe de la Policía Judicial, la trama podría haber estado operando «durante más de un año» aunque era algo «difícil de calcular» ya que había existido «mucha opacidad» en el aporte de documentación para saber cómo operaba la trama. De hecho, en los cuatro días que mediaron entre el primer registro sanitario de la nave de Alzira y el registro con orden judicial los responsables de la trama intentaron «eliminar información» de los equipos informáticos e incluso «hacer desaparecer la localización de muchos productos» con los que se trabajaba.
En el marco de la operación judicial, que continúa abierta, se ha solicitado también el registro de otras sedes empresariales en Madrid ya que existen «indicios» de que habría implicación de otro holding de empresas madrileño y se estudia, según ha apuntado Millán, la conexión existente con otra operación similar llevada a cabo a principios de año en Extremadura contra una organización empresarial con el mismo modus operandi.
Tal como avanzó Levante-EMV, ya ha comenzado a destruirse por orden judicial (100 toneladas por ahora) los productos intervenidos que llegaron a retirarse de los estantes de dos supermercados valencianos que los vendían a muy bajo precio. Según el capitán jefe de la unidad de Policía Judicial los supermercados que habían adquirido estos productos para su distribución forman parte de la causa «en calidad de perjudicados». Millán tampoco ha podido concretar si, como se había especulado, los productos caducados habían llegado a ofrecerse en instituciones penitenciarias donde podrían haber llegado «como a comedores de otras instituciones públicas a través de contratas» aunque no estaba «acreditado».
