Que el trabajo de enfermería estuviese protegido jurídicamente ha sido siempre una de las principales reivindicaciones del colectivo de enfermeros y enfermeras que sufren la «desprotección» en el gremio sanitario ante la prescripción de medicamentos.
No obstante, los enfermeros podrán ahora indicar y autorizar, bajo el amparo jurídico, la dispensación de medicamentos y vacunas, tras la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto de «prescripción enfermera». La normativa indica que se desarrollarán en un marco de «carácter colaborativo» para «garantizar la continuidad asistencial» y la seguridad de los pacientes.
Este es un «avance histórico» que mira por el bienestar del paciente y que permitirá «reducir las listas de espera de atención primaria», indica María Luz Moscó, secretaria general del Sindicato de Enfermería Satse en la Comunitat Valenciana.
Moscó explica que los enfermeros, en numerosas situaciones, han actuado sin la previa validación médica, pese a que la normativa obligase a ello. Estos momentos se dan, por ejemplo, con la vacunación anual de la gripe, con las curas o en la dispensación de algunos medicamentos primarios para aliviar el dolor.
«Hasta ahora no se tenía en cuenta la realidad, sabemos que no es cien por cien necesario que el médico prescriba este tipo de medicamentos», asegura Moscó. «Si vas al domicilio particular de un paciente que necesita una cura, le atiendes en el momento, no le obligas a pasar por consulta», indica.
No obstante, ante un contratiempo, la responsabilidad ha recaído siempre sobre el personal de enfermería. «Ha habido denuncias, partes, sanciones... Que pueden acabar incluso en delito penal», explica Moscó.
Por lo que en numerosas ocasiones los enfermeros se han negado a dispensar medicamentos o vacunas. Con la nueva normativa, asegura, «estamos mucho más tranquilos, sobre todo ahora que se ha iniciado la campaña de vacunación».
Rechazo médico
No obstante, el Foro de la Profesión Médica Española (FMPE) expresó ayer su profundo malestar por no haber sido consultado sobre la nueva normativa, por lo que aseguraron que van a analizar sus servicios jurídicos para «su posterior valoración».
La FMPE, por tanto, da por roto el acuerdo alcanzado en octubre de 2017 entre médicos, enfermeros y el ministerio de Sanidad y lamentan haber conocido el contenido final de este real decreto a partir del BOE, «sin el conocimiento previo» de este organismo.
