El posible recorte de trasvases entre cuencas como el Tajo y el Segura ha puesto en alerta a los regantes de la Comunitat Valenciana, especialmente tras el dictamen aprobado el miércoles en la comisión sobre política hídrica y cambio climático.

El texto habla de «redimensionar» los actuales trasvases de agua, ante la perspectiva de una reducción drástica de los caudales por el aumento de las temperaturas, además de negar la existencia de cuencas excedentarias y deficitarias.

Algo que los regantes valencianos acogen «con verdadera preocupación» pues aunque el informe no es vinculante, servirá de base en la futura Ley de Cambio Climático en la que trabaja el Gobierno. «Las conclusiones son terroríficas», según José Antonio Andújar, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la C. Valenciana (Fecoreva).

El presidente de los regantes, vaticina «un futuro muy oscuro y muy negativo para el regadío», y recuerda que se les hizo la promesa de que se escucharía su voz en la confección del informe. «Tenemos un déficit estructural en nuestras cuencas, hasta el presidente Ximo Puig lo ha dicho, pero ese déficit no se está reconociendo», insiste.

«El problema es que a los regantes se nos trata como a especuladores o delincuentes, y es el momento de alzar la voz», defiende, para lanzar que todas las modernizaciones que han introducido en los cultivos en los últimos años «no se están teniendo en cuenta». «Tampoco los intereses de los regantes, lo único que vemos es que solo ha dominado la nueva cultura del agua», critica.

Para Andújar, se está intentando «dinamitar» la transferencia de agua entre el Tajo y el Segura sin preguntar a los verdaderamente afectados. «En este documento no se tiene en cuenta lo que hemos aportado, ni las cesiones entre nosotros. A los regantes no se nos ha consultado nada», afirma Andújar, quien recrimina a la ministra Teresa Ribera (Transición Ecológica) que no haya recibido «aún a ningún regante de España».

«A los ecologistas, sí los ha recibido, pero a los regantes, no», afirma. «Delegó en el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a quien dimos nuestras opiniones, pero la ministra ¿no tiene tiempo para atendernos a ninguno?», incide Andújar.

Andújar lleva defendiendo la viabilidad del trasvase Tajo-Segura prácticamente desde sus inicios, y entre sus retos está por un lado, garantizar que los regantes cuenten con el agua necesaria, y en la cantidad y calidad adecuadas, así como defender las reivindicaciones de cada uno de los sistemas integrados: Mijares, Palancia, Turia, Serpis, Júcar, Vinalopó y Segura.

Andújar advierte de que las desaladoras no son la solución. «El agua desalinizada no sirve para el regadío y además de su precio no habla nadie, y la Unión Europea no permite subvenciones para el agua, pero de eso no se contempla nada», insiste con evidente cansancio.

En la subcomisión del agua el PSOE aprobó el dictamen, con el apoyo de Podemos, aunque ahora deberá ser aprobado por el Pleno del Congreso. Andújar confía en que en ese debate en las Cortes Generales se pueda abordar con todos los elementos en la mano.

Una de las voces críticas con el dictamen era ayer la del presidente del Partido Popular de la provincia de Alicante y coordinador del grupo popular en las Corts, José Císcar, quien adelantaba que su partido «no va a consentir que se cierre el trasvase Tajo-Segura».

Según Císcar, la valoración que se hace «es muy sesgada respecto a la realidad» porque considera que ni el Júcar ni el Segura son cuencas deficitarias y «no aprecia los valores de la agricultura contra la desertificación y el cambio climático».

A su juicio, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, «está ganando la batalla y es quien se lleva el gato al agua» por la «tibieza» del Consell. El presidente de los 'populares' alicantinos apunta que la enmienda presentada por los socialistas no suaviza las recomendaciones finales del dictamen, sino que lo único que hace es eliminar las referencias explícitas a trasvases concretos y regiones, «aunque en el contexto se mantiene».