La patronal de infantil critica que el aumento de 11,5 millones en el bono no redunda en más beneficiarios

Según los datos facilitados a esta asociación en la Comisión Evaluadora de Educación Infantil Primer Ciclo, que se reunió el pasado 4 de octubre, y que fueron aprobados mediante resolución el 17 de octubre, los centros de educación infantil privados tienen 22.119 alumnos beneficiarios de bono infantil para el curso 2018/19, lo que supone la pérdida de 1.725 beneficiarios respecto al curso anterior (23.844), un 7,25% menos, mientras que las escuelas infantiles municipales pasan de los 11.978 beneficiarios el pasado curso a los 13.419 beneficiarios en el actual, aumentando así en 1.441 beneficiarios, un 12% más.

Salvem 0-3 advierte de que esta subida de 11,5 millones para la escolarización de alumnado 0-3 en la Comunitat Valenciana no solamente no ha aumentado el número de beneficiarios, uno de los objetivos de estas ayudas, sino que "ha producido un trasvase de entre 1.441 y 1.725 alumnos desde los centros de educación infantil privados hacia las 'escoletes' municipales, impulsadas por el reclamo del tramo 2-3 años gratuito". Según la normativa, para el acceso a estas plazas municipales gratuitas debería realizarse el mismo proceso de admisión que en los colegios públicos y concertados.

Sin embargo, tal como explica la secretaria de Salvem 0-3, María José González-Mayo, "al dar preferencia al alumnado ya matriculado en niveles no gratuitos, no se ha priorizado a las familias con menos recursos, otro de los objetivos del bono infantil, y se ha dado la paradoja de que familias que no hubieran recibido ni un euro de ayuda en un centro de educación infantil privado por sobrepasar el umbral de renta, han obtenido plaza completamente gratuita en las escuelas municipales". En el caso del tramo 2-3 años, en los centros de educación infantil privados el único criterio para acceder a la ayuda es la renta familiar (a partir de determinadas cantidades, según número de miembros de la unidad familiar se queda excluido) y, una vez superado este criterio se adjudican cantidades en función de la renta per cápita.

De los cerca de 46 millones del presupuesto, unos 20,5 millones se han destinado únicamente a cubrir la gratuidad de los 8.230 alumnos de 2-3 años de las escuelas municipales, y los 25,5 millones restantes se han repartido entre los otros 27.308 que suman entre los centros privados y los alumnos del tramo 0-2 años también de las municipales. De esta forma, la conselleria ha invertido este curso a través del bono infantil una media de 935€ por alumno y curso para aquellas familias que han elegido un centro privado, mientras que para aquellas que han elegido una escuela municipal ha invertido 2.488€ por alumno de 2-3 años y curso, lo que supone un 266% en comparación con los primeros. "Esto implica una discriminación por titularidad de centro, más todavía cuando muchas de estas escuelas infantiles municipales están gestionadas por empresas privadas, favoreciéndose a éstas frente a los centros de educación infantil", denuncia González-Mayo.

Una tramitación compleja

Otro de los problemas que señala Salvem 0-3 es la complejidad de la tramitación de esta ayuda por parte de las familias con alumnos en centros privados, que se han visto obligados a presentar diferentes tipos de documentación, como DNIs, NIEs, pasaportes, libros de familia, sentencias de divorcios y/o custodias de los hijos y certificados de empadronamiento colectivo en la primera fase y, una vez Educación ha revisado de nuevo toda la documentación, ha tenido que solicitar los datos de renta de estas miles de familias a la AEAT, surgiendo así nuevos requerimientos de documentación en numerosos casos, por haber presentado declaraciones complementarias o no haber identificado la AEAT a alguno de los progenitores. Esto ha provocado que este curso, el porcentaje de alumnos excluidos de la ayuda por causas relacionadas con la documentación en centros privados se duplique en un año, pasando del 6,5% en el curso 2017/18 al 12,7% en 2018/19.

Salvem 0-3 calcula, según los datos facilitados a esta asociación en la citada comisión, que el número de excluidos por causas relacionadas con la documentación requerida a las familias llega a 2.687 familias, que disponen ahora de un mes para presentar recurso de reposición dirigido al Conseller de Educación. "Las familias no sabrán si se les da la razón hasta dentro de unos meses, transcurrida ya la mitad del curso, lo que supondrá en muchos casos que estas familias no escolaricen a sus hijos y los centros privados pierdan más alumnado", afirma la secretaria de la asociación en un comunicado.