La consellera de Justicia cerró ayer la puerta, al menos de momento, a la implantación de la jornada de 35 horas en la Generalitat al admitir que la Administración valenciana no cumple los requisitos exigidos para esta medida. Los acuerdos adoptados por el anterior Ejecutivo de Rajoy y los sindicatos en el ámbito estatal abrían la puerta a la reducción de la jornada, pero para ello la administración autonómica que lo solicitara debía cumplir con los objetivos de déficit y regla de gasto. No es el caso de la Generalitat. No es la única reivindicación histórica de los sindicatos que obtuvo ayer el portazo en la Mesa de Negociación. La conselleria tampoco pudo comprometerse con la creación este año de un fondo de compensación del poder adquisitivo del funcionariado y ello a pesar de que formaba parte de los acuerdos de legislatura firmados en 2016.
No todo, sin embargo, fueron noticias negativas. Bravo se comprometió a aprobar en breve el nuevo decreto para pagar la carrera profesional al personal interino. La norma ha tenido que ser reescrita después de que la tumbara el Consell Jurídic Consultiu por falta de negociación. Sindicatos y conselleria tenían un pulso sobre el alcance del pago de este plus salarial que ya cobran los funcionarios de carrera y que, según el Supremo, deberían haber percibido también los interinos. Por otro lado, Bravo ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión para impulsar la nueva ley de la función pública.
Pendientes de Madrid
Con respecto al capítulo de personal de los presupuestos de la Generalitat para 2019, la cuestión sigue pendiente de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, paralizados en el Congreso. Con todo, la previsión es una subida del 2,5 % en la nómina del personal, a la que se le podrá sumar un 0,25 si el Producto Interior Bruto (PIB) crece a 31 de diciembre por encima del 2,5. El o,25 correspondiente a este año se cobrará en la nómina de noviembre.
