La Agencia valenciana antifraude ha recibido en sólo quince meses de actividad -iniciada en julio de 2017- un total de 150 denuncias sobre fraudes o corruptelas varias en las administraciones públicas valencianas. Unas denuncias que va acompañadas en 18 casos de la protección al denunciante que sólo se aplica, por ahora, en la Comunitat Valenciana. Los casos que están llegando a la Agencia Antifraude conmocionan a los funcionarios que la componen. «Algunos casos de denunciantes protegidos ponen los pelos de punta. Simplemente por decir que no firman unos informes o haber detectado facturas hinchadas», explicaba ayer el director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, en el seminario «Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España», organizado por el Instituto valenciano de investigaciones económicas (IVIE) y la Fundación BBVA. Llinares clausuró el seminario con la mesa redonda «La visión desde la judicatura, las agencias antifraude y la sociedad civil sobre el presente y futuro del control de la corrupción en España» junto al escritor y presidente de Acción cívica contra la corrupción, Antonio Penadés, y Silvia Muñoz, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arrecife (Lanzarote).

Llinares insistió en la necesidad de ahondar y luchar por la protección de los denunciantes que ayudan a desenredar y ejercen de GPS en las causas de corrupción. Y confía en que nuevas normas que se tramitan en la Comunitat Valenciana no rebajen las garantías que ofrece actualmente la Agencia antifraude a los denunciantes. «A los denunciantes debemos protegerlos y no exponerlos», defendió. Llinares habla desde la experiencia. «¿A quien iba a ir denunciar?», asegura que le confesaban impotentes trabajadores del Palau de la Música de Barcelona o del IVAM sobre las tropelías que presenciaban. El director de la Agencia antifraude también denunció la «precariedad» con la que trabajan los funcionarios que han de ejercer de autoridad pública para controlar el gasto, también público. «Los mecanismos de control no son suficientes porque en muchas ocasiones te has de creer los certificados de obra» porque no existen medios suficientes para verificarlos, lamentó.

Por su parte, el presidente de Acción cívica contra la corrupción, Antonio Penadés, defendió la necesidad y obligación de la «sociedad civil» de «hacer cuanto esté en nuestras manos para ayudar a la justicia. La acusación popular está poco y mal utilizada». Acción cívica está personada en València en los Casos Cooperación, IVAM, Alquería y Taula -también en más causas en otras comunidades autónomas-.

«Sin corrupción no habría habido tantos recortes. La crisis económica ha ayudado a despertar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción» para la que pidió «apoyarse en los funcionarios judiciales, policiales o entes como la Agencia antifraude. Los corruptos son los auténticos antisistema», defendió.

Por último, la magistrada instructora de varias causas de corrupción en Arrecife (Lanzarote), Silvia Muñoz, reivindicó una mayor independencia judicial, la creación de juzgados especializados en la lucha contra la corrupción y más medios para «no luchar con leyes del siglo XIX, una justicia del siglo XX contra delincuentes del siglo XXI».