"Las inmatriculaciones de la Iglesia son un expolio. Y cada ayuntamiento tiene que hacer en solitario el recurso para reclamar un bien inmatriculado. Por eso exigimos una ley general para que estos procesos no se alarguen ni prescriban... Así, esa ley estatal serviría para evitar este 'goteo' constante donde vamos conociendo, poco a poco, nuevas inmatriculaciones". Esta es la reivindicación que ha protagonizado hoy Europa Laica y Valencia Laica en la puerta del Arzobispado de Valencia (junto a representantes de sindicatos y asociaciones) como previa a la jornada debate que se celebra esta tarde para informar y analizar el fenómeno de las inmatriculaciones, es decir, la apropiación de miles de inmuebles por parte de la Iglesia Católica, "simplemente porque el arzobispo indicaba que el bien era suyo".

La cita será esta tarde a las 18 horas en el colegio mayor Rector Peset. Además, el encuentro también servirá para constituir la Plataforma 'Recuperando' en la Comunitat Valenciana "porque hay mucha opacidad y no nos dan los datos, algo que no parece increíble en una sociedad democrática. La ley civil debe estar por encima de cualquier ley o acuerdo de corporaciones privadas. Y no estamos hablando de creencias, todas respetables, sino de millones de euros y de expolio al patrimonio de la ciudadanía".

"Dos leyes anticonstitucionales han permitido que la Iglesia Católica haya puesto a su nombre por primera vez en el Registro de la Propiedad miles de inmuebles sin cumplir el trámite exigible a las demás asociaciones, empresas o ciudadanos, como es dar publicidad con publicaciones en el tablón de anuncios del ayuntamiento, notificar a los colindantes etc... Muchos de estos inmuebles eran propiedad (aunque no constaba en el Registro oficialmente) de los ayuntamientos, de las vecinas y vecinos que aportaban materiales, mano de obra e incluso dinero para la construcción", han explicado esta mañana desde Europa Laica y Valencia Laica.

Y es que la Iglesia no solo tiene templos, monasterios, conventos y parroquias. Su patrimonio inmobiliario suma pisos, garajes, cementerios, colegios, universidades, escuelas infantiles, parcelas agrícolas o solares. Sin embargo, no hay registro alguno donde se especifique, negro sobre blanco, qué tienen, dónde lo tienen y cómo lo tienen. Ni tan siquiera la Conferencia Episcopal cuenta con un registro de bienes de las 70 diócesis españolas. Lo único que admite son 24.000 parroquias y monasterios. ¿Y el resto?

El Catastro, sin embargo, muestra movimientos en los bienes inmuebles de la Iglesia católica en el apartado de «usos religiosos» donde, según fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el 99,9% de las propiedades pertenecen al clero.

Las nuevas propiedades registradas por la Iglesia pueden responder a una herencia recibida -muchos fieles ceden a la Iglesia sus bienes-, a un contrato de compra venta o a ese término jurídico -denominado "inmatriculación"- que consiste en inscribir a nombre de la Iglesia propiedades que se "presuponían" del clero pero que no estaban registradas a su nombre.

La "inmatriculación" era una práctica habitual desde 1946, aunque se realizaba de forma discreta. Los obispos podían emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Es decir, se permitía a la Iglesia inmatricular bienes tal y como pueden hacerlo las Administraciones Públicas. Solo se precisaba una certificación del obispo, sin estar obligado a hacerlo público por edicto ni a pagar el impuesto de transmisión patrimonial. El obispo daba fe de que el bien pertenecía a la Iglesia y punto. Este privilegio, además, se amplió en 1998 cuando el Gobierno —presidido por aquel entonces por José María Aznar— modificó la Ley y el Reglamento Hipotecario y suprimió el artículo 5, que impedía que pudieran hacer lo propio con edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas.

Así y hasta marzo de 2015 —momento en el que el Congreso eliminó este privilegio— la Conferencia Episcopal solicitó a los arzobispados que pusieran "los bienes de la Iglesia en orden", tal y como aseguraron en su día las diócesis que registraron a su nombre la mezquita de Córdoba (por 29 euros) o la Basílica de la Virgen de Valencia, por ejemplo, por el que no se pagó ni un céntimo de euro.

Las propiedades inmatriculadas en todo el territorio español entre 1998 y 2015 se estiman en 4.500. Una proposición no de ley (PBL) aprobada en el Congreso dio al Gobierno un plazo para que aporte la relación de estos bienes entre los que figuran templos, ermitas e iglesias. Eso sí, solo a partir de 1998, algo que desde Europa Laiuca y Valencia Laica califican de "insuficiente". "Aunque el Gobierno nos va a dar la lista desde 1998, antes hubo mucho más ya que esta práctica se realiza desde el 1946 con Franco. Si pudiéramos tener el listado de 1978 tendría más sentido porque desde 1998 es tarde a todas luces", han afirmado las mismas fuentes.