Carlos Fabra argumentó ante el juez que investiga supuestos sobornos por los patrocinios del Aeropuerto de Castelló a diversas entidades deportivas que Gerardo Camps tuvo una intervención «directa y efectiva» en los hechos por los que, de nuevo, está siendo investigado el exdirigente del PP castellonense.
En su declaración ante el magistrado del juzgado de instrucción número 3 de Castelló, el que fue presidente de la Diputación de Castelló y máximo mandatario del PP en la provincia, Carlos Fabra, extendió la responsabilidad de las decisiones del consejo de administración de Aerocas a todos sus miembros.
Fabra aseguró que Gerardo Camps como titular de la conselleria de Hacienda «financiaba, aprobaba y supervisaba los acuerdos a los que llegaba el consejo y fijaba las cantidades a pagar» en la época que se juzga en este caso y que abarca desde 2009 a 2011.
Unas acusaciones que también realizó en sede judicial el delfín de Fabra en la entidad gestora del aeropuerto (Aerocas), Juan García Salas, que fue director general de la entidad hasta mayo de 2013; dos meses más tarde de la renuncia «irrevocable» de Fabra a la presidencia de esta entidad acosado por los casos judiciales por los que finalmente fue condenado a cuatro años de prisión.
Con estas acusaciones directas hechas en sede judicial, el instructor castellonense elevó la causa al Tribunal Supremo por la condición de aforado de Gerardo Camps, actual diputado en el Congreso por la provincia de Alicante.
Vista la causa, la sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo descartó imputar a Camps alegando que existen indicios de delito pero que no está comprobado que recibiera dinero por sus decisiones al frente de la conselleria de Hacienda y Economía respecto a los patrocinios del aeropuerto de Castelló. Una posición que ya había defendido la Fiscalía de Castelló.
No obstante, el Supremo solicitó al tribunal instructor castellonense que citara a Camps para tomarle declaración y que si observa indicios individualizados de delito contra el diputado a raíz de su declaración, le remita de nuevo la causa para tomar una decisión al respecto.
Durante ese periodo, de 2009 a 2011, el aeropuerto de Castelló firmó patrocinios con diversas entidades deportivas castellonenses, entre ellas, Motorsport 69, propiedad del piloto de motociclismo Álex Debón.
La Fiscalía formalizó en 2016 una denuncia contra Fabra y Debón por un delito de cohecho a raíz de un juicio privado entre ambos. Durante los años que el aeropuerto firmó tres contratos de patrocinio por 3.653.000 euros con Motorsport 69, el motociclista realizó siete transferencias a la cuenta de Carlos Fabra por 560.000 euros.
Unos ingresos que en el entorno del piloto aseguran que se debían a un préstamo personal firmado entre ambos y del que el político nunca devolvió ni un céntimo. Por no devolver este dinero Carlos Fabra está condenado en sentencia firme y tiene las cuentas embargadas hasta que salde la deuda con Debón.
