A menos de siete meses de las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo, el arzobispo de València, el cardenal Antonio Cañizares, asume el liderazgo de la defensa de la educación concertada. Lo hace agrupando a la gran mayoría de la enseñanza sostenida con fondos públicos de la Comunitat Valenciana en una Junta por la Libertad Educativa que se presenta hoy en València con la lectura de un manifiesto.
Fuentes del arzobispado insisten que este frente común «es una iniciativa conjunta de todos sus miembros». Sin embargo, varios colectivos integrados en la nueva junta han confirmado a Levante-EMV que la propuesta surge del Arzobispado ante la situación de «emergencia educativa» que se encuentra el modelo de enseñanza concertada «debido a las políticas del Consell del Botànic y del Gobierno de Pedro Sánchez».
La junta que preside el cardenal Antonio Cañizares la forman las tres diócesis de la Comunitat (València, Segorbe-Castelló y Orihuela-Alicante), la patronal Escuelas Católicas Comunitat Valenciana (Escacv), la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de València (Fcapa), los colegios diocesanos de las diócesis de València, Segorbe-Castelló y Orihuela-Alicante, y las dos universidades católicas de la Comunitat: la Universidad Católica de València (UCV) y la CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH).
Además, también se ha integrado en la plataforma la principal patronal de la concertada no religiosa: la Federación de Centros Educativos de Valencia (Feceval).
«Por una educación en libertad»
La plataforma se estrena hoy con la lectura del manifiesto «Por una educación en Libertad», que según los convocantes es el «prólogo» de la próxima celebración del 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) y del 40 Aniversario de la Constitución Española (6 de diciembre de 1978). El acto tendrá lugar a las 10:30 horas de la mañana de hoy miércoles en el palacio de Colomina, la sede institucional que la CEU Cardenal Herrera tiene en el número uno de la calle del Almudín de València.
Según han avanzado algunos de los miembros de la junta que preside el arzobispo, el manifiesto es un alegato «en defensa de la libertad de enseñanza recogida en el primer punto del artículo 27 de la Constitución Española y también en la Declaración de los Derechos Humanos».
La Junta por la Libertad Educativa «es un paso más institucional en el refuerzo de la labor de la Mesa por la Educación en Libertad», dice uno de sus miembros en referencia al salvem la concertada que montaron patronal, Ampa y sindicatos de la enseñanza privada en diciembre de 2015 ante los «ataques» del Consell del Botànic.
«La novedad -subrayan- es que el arzobispo apuesta por crear un gran frente en la defensa de la libertad de enseñanza y los conciertos educativos que una a las familias, patronales, universidades y el Arzobispado».
Varias fuentes detallan que, en principio, la presentación de la junta iba a ser a principios de diciembre, coincidiendo con los aniversarios de la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, destacan que se ha adelantado ante la situación de «emergencia» en que se encuentra la libertad educativa tras los últimos anuncios de la ministra de Educación, Isabel Celaá.
Demanda social en peligro
Así, tras la llamada a rebato de Cañizares estaría la intención del Gobierno socialista de derogar algunos artículos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada en solitario por el PP, como el 109.2, que permite que la programación de la oferta de plazas escolares se establezca por «demanda social» con el fin de que la concertada sea «complementaria de las necesidades de escolarización». Es decir, que los conciertos se hagan allí donde los colegios e institutos públicos no puedan atender la demanda de plazas escolares.
Esta reforma, que ha encendido todas las alarmas en la enseñanza concertada, es el eje de las políticas del tandem Compromís-PSPV desde que llegó a la Conselleria de Educación el 1 de julio de 2015. «Nuestro modelo está claro: escuela pública y donde no llegue, concertada, pero no más allá», ha subrayado el conseller Vicent Marzà varias veces.
Con este argumento, la conselleria cerró 27 líneas de Bachillerato concertado el pasado curso, una decisión que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat ha revocado en un rosario de sentencias por las que anula la aplicación del principio de subsidiariedad de la privada concertada respecto de la pública.
