Los partidos del Botànic firmaron ayer un acuerdo de presupuestos a tres bandas, pero las diferencias en la gestión diaria del Consell se mantienen.
La reunión de subsecretarios previa al pleno del Consell (se celebra media hora antes) volverá a tener encima de la mesa los expedientes para la mejora salarial de los bomberos forestales y de las trabajadores del centros del Institut Valencià d'Atenció Socio-Sanitària (Ivass). Los mismos que hace menos de una semana provocaron un choque entre PSPV y Compromís, como publicó Levante-EMV.
La coalición naranja aseguró que existía un acuerdo entre presidencia y vicepresidencia para aplazar ambos informes a la vista de que el Ivass estaba incompleto. Sin embargo, dirigentes socialistas negaron tal consenso y calificaron de imposición que se vincularan ambos casos.
El problema no se ha desatascado. Según ha podido saber este diario, el expediente del personal de los centros sociales cuenta con dictámenes contrarios. Ello no es un impedimento para que pueda ser aprobado. Dependerá al final de la voluntad de la vicepresidenta, Mónica Oltra, de que salga adelante.
Algunas fuentes apuntaban ayer tarde que la intención es un nuevo aplazamiento.
El tema no es sencillo. En el trasfondo está la cuestión general de qué hacer con el personal de concesiones privadas rescatadas. La ley de acompañamiento de los presupuestos, cuyo proyecto se aprobará hoy, debería poner algún orden sobre este personal calificado como «a extinguir» después de que el Jurídic haya cuestionado que pueda incorporarse a la Administración, con características especiales pero sin opositar.
No está claro incluso que se incluya la disposición sobre estos empleados. Sería una de las medidas que el equipo de Oltra estaría planteando. Otra sería abrir una excepcionalidad para el caso del Ivass. El departamento de Sector Público, por su parte, se decanta por incorporar los criterios manifestados por el Jurídic.
Un informe de la Abogacía de Hacienda señala que el personal a extinguir tiene categoría de «blindado», es decir, su plaza no puede salir a oferta. Es lo que se pactó para los trabajadores del hospital de la Ribera.
