Una iglesia es de quien sea su dueño y pueda acreditarlo. Y lo mismo ocurre con templos, monasterios, conventos o parroquias. Sin embargo, no todos los espacios ocupados por la iglesia son de su titularidad. Y es que hay iglesias que son comunales, porque el pueblo las pagó y levantó, otras son de titularidad privada, otras de dominio público.
Por poner un ejemplo, la Basílica de la Virgen, en València, no fue propiedad de la Iglesia hasta 2013. El clero no pagó ni un céntimo de euro por ella pero sí gestiona, desde entonces, el edificio, los donativos, el patrimonio y los regalos a la Mare de Déu dels Desemparats. El continente y el contenido de ese bien inmueble.
Y es que la Iglesia Católica lleva años inscribiendo templos, monumentos, iglesias y otros bienes a su nombre con el argumento de que «se presuponían del clero pero que no estaban registradas a su nombre».
A ese proceso de le denomina «inmatriculación» y consiste en inscribir a nombre de la iglesia bienes inmuebles, pero sin cumplir el trámite exigible a las demás asociaciones, empresas o ciudadanos, como es dar publicidad con publicaciones en el tablón de anuncios del ayuntamiento, notificar a los colindantes, etc...
De hecho muchos de estos inmuebles eran propiedad (aunque no constaba en el registro oficialmente) de los ayuntamientos porque fueron sus vecinos quienes aportaron materiales, mano de obra e incluso dinero para su construcción, aunque a día de hoy ya forman parte del patrimonio de la Iglesia tras un proceso de «inmatriculación» cuestionado por entidades como la recién creada Plataforma 'Recuperando' de la Comunitat Valenciana desde donde estiman que solo en esta autonomía existen 3.000 bienes que han pasado a manos del clero desde 1946, momento en el que comenzó esta práctica en España.
Las «inmatriculaciones» de la Iglesia se debatieron el pasado lunes en unas jornadas que reunieron a más de 230 personas en el colegio mayor Rector Peset de la mano de Valencia Laica y de su portavoz, Raquel Ortiz. Allí, la recién constituida plataforma 'Recuperando' exigió un listado con las propiedades que la iglesia tiene a su nombre tras el proceso de inmatriculación, así como una ley general y estatal que evite «lo que es un expolio en toda regla y el mayor escándalo urbanístico del país» . Porque la Iglesia no solo tiene templos. El proceso de inmatriculación abarca pisos, garajes, cementerios, colegios, universidades, escuelas infantiles, solares e incluso parcelas agrícolas.
Y es que a partir de 1946 los obispos recibieron un «privilegio» extra: emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Y así, como si el obispo actuara como un notario, se permitía a la Iglesia inmatricular bienes tal como pueden hacerlo las Administraciones Públicas. Solo se precisaba una certificación del obispo, sin estar obligado a hacerlo público por edicto ni a pagar el impuesto de transmisión patrimonial. El obispo daba fe de que el bien pertenecía a la Iglesia y punto.
La Iglesia fue registrando bienes a su nombre hasta que el 1998 dio un paso más. Con José María Aznar como presidente del Gobierno, se amplió este privilegio y se modificó la Ley y el Reglamento Hipotecario para suprimir el artículo 5, que impedía al clero inscribir a su nombre edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas. A partir de ahí, los templos se sumaron también al proceso de inmatriculaciones.
En marzo de 2015 el Congreso eliminó este privilegio. Y fue precisamente entonces cuando la Conferencia Episcopal solicitó a los arzobispados que pusieran «los bienes de la Iglesia en orden», tal como aseguraron en su día las diócesis que registraron a su nombre la mezquita de Córdoba (por 29 euros) o la Basílica de la Virgen de València.
