El presupuesto contemplado en las cuentas generales para 2019 de la Generalitat para À Punt será de 55 millones de euros, la misma cantidad que el ejercicio anterior, según ha explicado el conseller Vicent Soler en rueda de prensa para presentar el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat.

Por ahora se resuelve así el conflicto que ha mantenido enfrentados a PSPV y Compromís después que el consejo rector de la radiotelevisión solicitara a la Conselleria de Hacienda un aumento en la partida que alcanzara los 69 millones de euros, como también anticipó en las Corts la directora Empar Marco.

El problema surge por una de las cláusulas aprobadas en mayo en la ley del Consell Audiovisual que restringe el gasto de personal a un tercio del total.

Hoy por hoy ese gasto se ha superado ya que los 454 empleados (de la sociedad y de la corporación) rozan los 23 millones de euros, superando así el tercio mencionado. De no aumentar el presupuesto, la radiotelevisión ya habría superado el marco legal establecido en la ley.

Soler, preguntado en rueda de prensa por cómo se va a solucionar esta situación, apuntó a que la única vía sería «a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos» que se tramitará en las Corts. En ella, los grupos del Botànic presentarían una enmienda que solicite una moratoria para aplicar la ley y que se haga efectiva la cláusula.

Aún así, Soler no fue contundente porque «no está hecha aún». Si se aplicara, À Punt no podría contratar a más personal (la relación de puestos de trabajo roza los 500 empleados) o tendría que reducir su actual plantilla.

Compromís siempre se ha mantenido a favor de ese aumento frente a los socialistas. Fran Ferri defendió en la sesión de control de las Corts que el presupuesto debía aumentar porque ya no está permitido que la radiotelevisión se endeude.

«Hay que apostar por medios eficientes y no precarios», dijo. Mientras, el president Ximo Puig siempre se ha mantenido en el no, reticente a dar más recursos a la cadena pública y así se ha registrado finalmente en el proyecto de ley que ha registrado la Conselleria de Hacienda, dirigida por el socialista Vicent Soler.