Miguel López mató a su suegra «en ejecución de un plan previamente trazado» pillándola «totalmente desprevenida con una imposibilidad absoluta de defensa». Es el relato que mantiene el teniente fiscal José Llor en el escrito de conclusiones provisionales que ayer presentó en el juzgado que investiga el crimen de María del Carmen Martínez y donde pide la apertura de juicio para el también yerno del expresidente de la CAM Vicente Sala.

Llor acusa al único sospechoso del crimen de asesinato, con el agravante de parentesco, y de tenencia ilícita de armas, cargos por los que reclama 23 años y 18 meses de prisión, respectivamente. Y que indemnice a cada uno de los cuatro hijos de la víctima, uno de ellos su propia esposa, con 35.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El acusador público sostiene que Miguel López, tras planear la muerte de su suegra, utilizó «la excusa» de entregarle el coche que la mujer había ido a recoger en el negocio familiar que él regentaba y la «acompañó hasta el lugar en el que se encontraba», en el lavadero, «donde el acusado lo había estacionado previamente para facilitar su propósito».

Una vez allí y nada más subir María del Carmen al vehículo, según mantiene Llor, «encontrándose sentada en el asiento del conductor con la puerta todavía abierta, totalmente desprevenida, con una imposibilidad absoluta de defensa, le efectuó dos disparos a muy corta distancia en la zona izquierda de la cara».

Dos impactos que «le produjeron una lesión de la corteza de ambos lóbulos frontales, con escasa afectación de sustancia blanca y sin afectación severa de estructuras vitales, así como una hemorragia externa aguda que conllevó la instauración progresiva del shock hipovolémico que le produjo la muerte en torno a las 19 horas». Era el 9 de diciembre de 2016.

En cuanto a la pistola utilizada, el fiscal apunta que, aunque «no está identificada, a tenor de la munición utilizada fue o bien una Webley-Scott o una FN modelo 1903, de la que el acusado carecía de la licencia necesaria y a la que había acoplado un silenciador», lo que explicaría que nadie escuchara nada aquella tarde cuando en el negocio estaba trabajando toda la plantilla y había además clientes. Todos ellos plantea Llor que sean citados a declarar como testigos, que superan el medio centenar, entre los que se encuentran además los cuatro hijos, la hermana, un yerno y cuatro nietos de María del Carmen.

En la vista oral, que podría no celebrarse antes del verano del año que viene, siempre que el instructor así lo acuerde, también testificaría Jesús Tavira, el propietario de un desguace que fue interrogado hasta en dos ocasiones y con quien el sospechoso mantuvo más de 200 conversaciones en los meses previos al crimen.

El teniente fiscal José Llor no quiere dejar ningún cabo suelto. Así, pide que los miembros de jurado popular se desplacen hasta las instalaciones de Novocar, donde tuvo lugar el crimen, «antes del comienzo del resto de las pruebas, a fin de que los miembros del jurado puedan valorarlas con más precisión», y que se realice en su presencia «una inspección ocular en la sede de la empresa», cerrada desde el asesinato, de tal manera que conozcan la escena del crimen con antelación.