La llegada de la flotilla del Aquarius Aquariussignificó un antes y un después en materia de asilo y protección en la Comunitat Valenciana. Un despliegue de solidaridad sin precedentes para acoger a las 629 personas que llegaron a València el 17 de junio después de meses de huida para llegar a la frontera europea y asegurar su vida.
La mayoría de los recién llegados que rozaban el límite de la mayoría de edad reiteraban que tenían menos de 18 años para acceder al amparo de la ley de protección de menores y eludir en la medida de lo posible su entrada en algún Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). No obstante, las niñas modificaban este patrón. La mayoría argumentaban que eran mayores de edad.
Estas afirmaciones fueron realizadas ayer por Rosa Molero, directora de Infancia y Adolescencia de la Conselleria de Igualdad, en el transcurso de una conferencia ofrecida en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universitat Politècnica de València, en el marco de una jornada sobre «La trata de niños, niñas y adolescentes. La esclavitud del siglo XXI», organizada por el Aula de Infancia y Adolescencia.
El por qué de este comportamiento, lo evidencia Molero en el deseo de estas menores por salir de la trata. Motivo por el que la mayoría de estas 14 niñas llegaban entonces al puerto de la capital del Turia. «Este fue el primer indicador que nos hizo sospechar que las niñas que venían a bordo de la flotilla del Aquarius habían sido víctimas de trata», aseguró Molero.
En cuanto a los menores, Molero explicó que conforme llegaban al centro de acogida habilitado en Alicante para ellos, lo primero que pedían era llamar por telefono para hablar con sus familias. «Algo humano y del todo comprensible», explicó. No obstante, «muchas veces más que comunicar a sus padres su estado, lo que buscaban era informar era a las mafias», reconoció la directora de Infancia de Igualdad.
De hecho, alerta que en varias ocasiones encontraban coches de lujo aparcados a la puerta de estos centros. «Los traficantes los vigilaban para que no fueran trasladados a un centro de menores», añadió. Y poder, así, utilizarlos para delitos menores, mendicidad, matrimonios forzados o fines de explotación sexual. Un fenómeno directamente ligado con la trata de personas por el que los expertos que participaron en la conferencia reiteraron que la trata debe debatirse siempre desde una visión de género.
De hecho, la fiscal especialista en violencia machista Susana Gisbert reclamó en la jornada que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual sea considerada como violencia machista, ya que esto permitiría incrementar las herramientas legales para perseguirla. Y es que en muchas ocasiones las víctimas se enfrentan a la posibilidad de ser expulsadas y regresar al lugar de donde huyeron.
Y dijo esto en referencia a la «revictimización» de la víctima, a la falta de sensibilización y concienciación social en materia de trata. Un hecho que la doctora en derecho constitucional Ana Marrades atestiguó en un estudio europeo en el que solo el 44 % de los encuestados avisaría a la policía en caso de saber que una mujer es víctima de explotación sexual.
Cuatro millones contra la trata
El delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio (quien inauguró la jornada, junto al rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco Mora) aseguró que el Ejecutivo central «está trabajando de forma decidida» contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, a través de protocolos de actuación y de planes integrales de lucha, así como por la recuperación integral de las víctimas.
El delegado incidió en que la última convocatoria de la Secretaría de Estado de Igualdad, pendiente de resolución, destina cuatro millones de euros a luchar contra la trata.
