Las obras del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) Cabanyal, ubicado en el barrio del mismo nombre de València, se adjudicaron el 1 de abril de 2005 por 11 millones de euros a la empresa BM3 Obras y Servicios SA. Las obras en tres fases, que consistían en el derribo del anterior edificio y la construcción del nuevo centro en dos fases, deberían haberse finalizado en diecinueve meses, en diciembre de 2006. Pero en realidad los trabajos se prolongaron hasta 2008 y de los 11 millones iniciales de licitación se acabaron pagando 16,3 millones.
¿Qué sucedió para que se produjera este desvío de cinco millones de euros? Es lo que el Juzgado de Instrucción 18 de València y la Fiscalía Anticorrupción intentan averiguar al encargar a la Intervención de la Generalitat un informe pericial sobre el proceso de construcción del instituto y «si las desviaciones en el coste final se explican y justifican, o no, por razones de carácter técnico».
Estos detalles de carácter técnico son los que se dirimen en el informe sobre el IES Cabanyal elaborado por un ingeniero de caminos y un arquitecto técnico del Servicio de Supervisión de Proyectos y Coordinación Técnica de la Conselleria de Vivienda (apoyados por cinco ingenieros más), aportado al Caso Taula.
De trasfondo, en esta pieza separada de la macrocausa de corrupción se investiga el presunto pago de mordidas en la construcción de colegios, a cambio de adjudicaciones realizadas por la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat, SA) durante la etapa de Máximo Caturla -investigado en el mismo proceso- como consejero delegado y secretario autonómico de Educación.
Del contrato sobre el IES Cabanyal sorprende, ya de entrada, que la licitación se efectuara por el «procedimiento negociado sin publicidad» (se convoca a tres empresas para que presenten a ofertas y se elige la mejor) a pesar de la considerable cantidad del contrato, licitado por 11.126.640,56 euros y adjudicado con una rebaja de apenas el 0,4%, ya que BM3 Obras y Servicios SA se ofreció a ejecutarlo por 11.081.021,33 euros. Dicha cuestión administrativa no se analiza en esta pericial, sino que será la Intervención de la Generalitat la que entre en el detalle del contrato. Sí entran al detalle del por qué una obra valorada en 11 millones acabó costando los 16.351.490,60 euros pagados a la constructora, tras la certificación de obra liquidada en febrero de 2011. Los problemas comenzaron ya con el derribo del edificio, puesto que se detectó una cimentación (zapatas de 2,5 metros) mayor que la prevista. Una incidencia que los autores del informe achacan a «la mala praxis en la redacción del proyecto inicial de demolición, por no haberse hecho catas antes del mismo», además de a la falta de «una inspección más exhaustiva antes del proyecto de derribo». Esta primera fase, concluyen los técnicos, «debería haberse adjudicado por 388.989,87 euros frente al realmente adjudicado de 457.109,68 euros».
Durante la fase de construcción del nuevo edificio del IES Cabanyal, Ciegsa dio via libre a tres modificados de obra que sumaron 2.368.443,51 euros, 748.356,11 euros y 1.222.302 euros a los 11 millones iniciales de presupuesto de adjudicación, lo que supone un desvío del presupuesto del 37%, cuando la ley de contratos impide que los sobrecostes superen el 20% del precio inicial de obra.
Modificados bajo sospecha
Algunos de estos cambios se debieron, según el expediente conservado en la empresa pública Ciegsa, a «modificaciones solicitadas por el Ayuntamiento de València, el servicio de Bomberos» y la misma empresa pública o por la Conselleria de Educación.
Algunos de estos cambios justificados por la empresa BM3 Obras y Servicios SA resultan aceptables para los técnicos. Sin embargo, en otros «no se entienden los motivos técnicos de la modificación» como, por ejemplo, cambios en el diseño de la estructura por «la ubicación próxima a ambiente marino» que, añaden los peritos, «ya se conocían al diseñarla por lo que el proyecto de ejecución inicial debería ser el válido y definitivo». Otros cambios también consideran que «no corresponden a necesidades nuevas ni a causas imprevistas». O, cuando se achacan a Ciegsa o la conselleria, no se encuentra la documentación que lo avale.
