La Constitución española celebra su 40 aniversario y los debates en torno a su eficacia en la actualidad no cesan. La Universitat de València y la Fundación Manuel Broseta han organizado un congreso que centra la reflexión sobre un aspecto: "Presente y futuro de la España territorial". Bajo este nombre, un buen número de constitucionalistas, catedráticos magistrados y políticos ahondan en la necesidad de reformar la Constitución.

"Sin autonomía financiera no hay autonomía política", ha señalado el conseller de Hacienda Vicent Soler en la inauguración de la jornada. Una declaración de intenciones con el artículo 156 de la Carta Magna que, a su juicio, incumple el Estado. Soler también ha resumido la postura del Botànic frente a la crisis territorial, que pasa por el modelo federalista para resuelva los desafíos a los que se enfrentan las autonomías.

Uno de ellos es la asunción de competencias territoriales, que no van acompañadas de los recursos necesarios para atenderlas y sacan a relucir la "asimetría financiera" entre unas comunidades y otras, ha lamentado Soler.

El director de la jornada, el catedrático de Derecho Constitucional y ex presidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido, ha incidido en este punto porque el artículo VIII de la Constitución contempla "equilibrio económico, adecuado y justo" entre comunidades así como que los estatutos de las comunidades no podrán implicar, "en ningún caso", privilegios económicos o sociales. En este sentido, Garrido cree que el artículo genera mucho conflicto entre el Estado y las comunidades precisamente por las asimetrías a todos los niveles que conlleva y que se visibiliza hoy con Cataluña.

"El derecho civil debería ser reconocido para todas las comunidades autónomas y no solo para las históricas", ha dicho Garrido, quien ha continuado asegurando que considerar una región como histórica es un hecho relativo y ha cuestionado que deba ser un elemento diferenciador. "Ahora ya se oyen voces en la política que ponen en duda los privilegios de vascos o catalanes", ha dicho.

Garrido también ha recordado la desigual financiación autonómica que margina a la Comunitat Valenciana y ha querido profundizar en la reforma de la Constitución. No considera que sea un buen momento para abordarla por las diversas tensiones políticas que copan la actualidad (derivadas, precisamente, de la crisis territorial) pero desde luego, "sí que se puede empezar a calentar motores". Se ha mostrado partidario de ir hacia el federalismo aunque cree que España "ya funciona como tal".

El primer punto que considera necesario abordar en la Constitución es la reforma del Senado para que de verdad sea una "cámara de representación autonómica, porque ahora no representa a los territorios", y en la misma línea de fomentar la comunicación entre las autonomías, ha lamentado que la Conferencia de Presidentes no se convoque de manera anual ni las reuniones bilarerales con Pedro Sánchez sean más habituales.

Para el catedrático, las críticas que reciben las administraciones autonómicas no siempre están legitimadas. En este sentido,cree que hay instituciones con mucho más gasto y mucho menos eficientes, como es el caso de las diputaciones o del parlamento europeo, "donde el 80% de la plantilla son traductores", ha dicho.

¿Es posible el derecho de secesión?

Una de las conferencias ha abordado la actualidad del procés. Los catedráticos en Derecho Constitucional Eduardo Vírgala y José Ángel Rodríguez han reflexionado durante más de una hora respecto a la situación actual en Cataluña y han concluido que, siguiendo las directrices constitucionales, Cataluña no tiene derecho a la secesión.

Es más, para Rodríguez, el "derecho a decidir" no fue más que un "eslógan político" sin consistencia jurídica, y ha sido claro al afirmar que con la declaración unilateral de independencia "no se ejercieron derechos, sino que se cometieron delitos". Para Vírgala, el "derecho de secesión" no es un derecho, por lo que cree que no debería haber un referéndum hasta que no se demuestra "lealtad plena" al Estado. "Fue un golpe de Estado porque se inentó suplantar la Constitución desde fuera de los términos constitucionales".