La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha despejado el camino al juez de instrucción José de la Mata para que comience con las diligencias de investigación de la pieza de las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel.

En concreto, el magistrado va a indagar sobre quién ordenaba dichas adjudicaciones, después de las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez 'el bigotes' durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano que apuntaban directamente al expresidente autonómico Francisco Camps.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala ha desestimado un recurso que había presentado la defensa del 'número dos' de la trama Gürtel, Pablo Crespo, contra la reapertura de esta investigación, dictada a finales de septiembre, por lo que el juez De la Mata va a comenzar ya a hacer las primeras diligencias.

Posible prevaricación continuada

Además, fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que los posibles delitos de prevaricación que se le podrían imputar a Camps prescriben a finales de este mismo año debido a las fechas de los contratos con Orange Market, de modo que el inicio de las diligencias deberá ser inminente.

Eso sí, aún no se ha decidido si la investigación al expresidente será, además de por malversación de caudales públicos, por prevaricación en los últimos contratos o se le podrá atribuir prevaricación continuada, lo que incluiría un mayor número de adjudicaciones al Grupo Correa.

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que el pasado mes de julio solicitó la reapertura de esta pieza 5 del 'caso Gürtel' para indagar en las eventuales indicaciones que podría haber recibido la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars para la adjudicación de determinados contratos a la mencionada empresa del Grupo Correa.

Costa y 'El Bigotes' nombraron a Camps

El Ministerio Público solicitó la reapertura después de que el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa asegurara que fue Camps quien decidió contratar a Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 o el montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009.

El líder de Gürtel, Francisco Correa, dijo en ese mismo juicio que estos contratos fueron ordenados por altos cargos del PP valenciano, mientras que Álvaro Pérez, el responsable de las empresas de la trama en la Comunidad Valenciana, también mencionó el nombre de Camps.

Así, se trata de averiguar si Dora Ibars, en su calidad de directora general de Promoción Institucional, es quien adoptó las decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange Market o bien, tal y como apuntan los magistrados de la Sección Segunda, "tal decisión fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada, a las que se refirieron los acusados en el juicio".

En ese juicio sobre la financiación irregular del PP valenciano, Ibars declaró en calidad de testigo y aseguró que no se reunió "con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos".

Sin embargo, tras lo dicho por Costa, Correa y Pérez la Sala de lo Penal ordenó reabrir la pieza 5 en la que se imputaba a Ibars la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional, un procedimiento en el que, para sustraerse del control administrativo, las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.

En segundo lugar, la Fiscalía acusaba a Ibars por hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.