¿Se está pagando la Renta Valenciana de Inclusión?

Bonig ha indicado que "este impago provoca que la gente más vulnerable que ha aumentado en la Comunitat Valenciana acudan a los ayuntamientos. Pero la ley establece que quien cobra esta renta no puede recibir ayudas de emergencia municipales. Tenemos un colectivo de personas vulnerables que ven que mientras se montan chiringuitos con un gasto de 457 millones de euros y aumenta el sueldo y el número del personal de confianza y asesores, no se les paga".

Isabel Bonig ha indicado que "si hay algo unánime es que estamos ante unos presupuestos que son una gran mentira. Son ficticis. De nada ha servido la crisis pasada y la mala praxis administrativa si no somos capaces de mejorar lo que funciona mal. Cometer los mismos errores nos lleva al desastre económico y social. Un gobierno que comete los mismos errores pero que encima los incrementa cuando venía a acabar con esa etapa no merece ninguna credibilidad. Estamos hablando de 2.600 millones de euros inventados que están en gastos y en inversión y que provocará recortes al final. Si no entra el dinero no se puede gastar, por lo que habrá que quitarlo de unos sitios para ponerlos en otros. No se puede gastar más de lo que uno ingresa".

Desde la Conselleria de Igualdad, sin embargo, desmienten esta información y aseguran que "sí se está pagando la renta Valenciana de Inclusión" y que "la conselleria no debe transferir ninguna cuantía a los ayuntamiento porque este proceso cambió por la ley y ahora pagan las direcciones territoriales y no los ayuntamientos". La Conselleria asegura que en octubre se pagaron 1,1 millones de euros.

La nueva Renta Valenciana de Inclusión (que sustituye a la antigua Renta Valenciana de Ciudadanía) entró en vigor el pasado 23 de abril. "Quienes pidieron la ayuda antes del 23 de abril sí están cobrando la ayuda porque corresponde a la Renta Garantizada de Ciudadanía. Quienes la pidieron a partir del 23 de abril están en proceso de resolución. La ley daba 6 meses de plazo, pero a instancias de Ciudadanos, se modificó ese plazo y se amplió hasta los 9 meses al entender que cuando cambia una ley siempre hay plazos de demora así que hay un plazo para resolverlos expedientes que llega hasta enero. Aún así, hay expedientes que ya están resueltos y se están pagando. Los demás están en trámite, dentro de los plazos fijados".

Por otra parte, Bonig también se ha referido a los alumnos en barracones: "En septiembre Marzà dijo que había 4.000 niños en barracones. Ahora contestan que hay 13.823. De septiembre a noviembre hemos pasado de 4.000 a 13.823 en respuesta firmada por Marzà".

Respecto a la situación sanitaria, Isabel Bonig ha advertido de la falta de gestión en Sanidad. "Ayer se suspendieron decenas de operaciones por un acuerdo injusto como ya advertimos en su día y que solo firmaron UGT y CCOO. Lo de ayer es la constatación de que la gestión es un desastre. Nosotros vamos a velar para que no se descargue toda la responsabilidad en los gerentes de los centros sanitarios".

Isabel Bonig ha manifestado que "los profesionales sanitarios valencianos están hartos del sectarismo y la falta de gestión. Hay que tratar bien a los profesionales y hay que gestionar. Montón dejó un pésimo recuerdo pero Barceló no lo están enmendando. Ese decreto del Consell que se firmó en octubre que fijaba los precios del autoconcierto han sublevado a todo el personal sanitario. Pero un decreto solo se puede modificar con un decreto posterior. La resolución que ahora han anunciado aplicando unas excepciones como regla general es una mala praxis que acabará en los tribunales. Es una chapuza. Hagamos las cosas bien para no acabar en los tribunales porque al final estas chapuzas las pagan los ciudadanos que ven cómo se suspenden operaciones. Los culpables no son los profesionales sino que la responsabilidad la tiene el gobierno, el señor Puig, que está más pendiente de sus líos internos y de cómo mantiene el gobierno hasta mayo que de solucionar los problemas de los valencianos".

Por último, la portavoz popular se ha referido a la enmienda de Compromis para que A Punt tenga 11 millones de euros más en el presupuesto. "Ese dinero se podrían destinar a listas de espera, a construir colegios y a pagar la renta de inclusión social. Cualquiera de estas tres opciones es mejor que la televisión pública. Mientras haya necesidades primero las personas y luego lo demás", ha concluido.