Al margen de este decreto, el bipartito tiene previsto dar un paso hacia la constitución de la agencia a través de enmiendas a la ley de acompañamiento que ya ha sido remitida a las Corts. En concreto, existe un acuerdo previo para introducir en la ley de función pública la creación del cuerpo de agentes tributarios (C1), al tiempo que se recuperará el procedimiento de la oposición para el cuerpo de inspectores del grupo A1 , una fórmula que desapareció por error de la ley. También se pretende incorporar una enmienda para que la agencia tributaria tenga personal laboral propio, un personal que se dedicaría básicamente a funciones de informática.

Además, Compromís quiere que se introduzca ya un cambio de nombre y, que el instituto sea rebautizado ya con el nombre de agencia tributaria. Para dar más empaque al organismo, el Consell no descarta en un futuro buscar un edificio propio para albergar el nuevo organismo.

Por lo pronto, la apuesta por la puesta en marcha de la agencia ha tenido un tibio reflejo en el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2019 presentados el pasado miércoles. Los fondos para el actual instituto crecen un 5% y pasan de los 48 millones consignados este año a 51,5 millones. Cabe apuntar que sólo con una inyección importante de recursos será posible que el futuro organismo actúe realmente como una agencia valenciana propia. Junto a los asuntos de recaudación (delegados en la Agencia Estatal Tributaria), el actual instituto carece de estructura territorial para la gestión de los tributos cedidos (transmisiones patrimoniales, sucesesiones, etc), de tal manera que estas tareas son encomendadas a la oficinas liquidadoras. Asumir estas funciones, precisaría que al menos se contrataran doscientas personas más.