La reunión de la Mesa General de Función Pública celebrada esta mañana para abordar el reparto de la masa salarial adicional para 2018 para mejorar los salarios del personal de la Generalitat (conselleries y empresas públicas) ha acabado como el rosario de la aurora. Ninguno de los sindicatos presentes (UGT, CC OO, Intersindical y CSIF) han avalado la propuesta de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas al considerar que el acuerdo es ilegal. La distribución había quedado pendiente antes de verano por las reticencias de los sindicatos y hoy el rechazo se ha repetido. Aún así, la conselleria que dirige Gabriela Bravo tiene previsto someter el acuerdo al pleno del Consell.

El reparto del dinero (un total de 9,7 millones) y que en teoría debe destinarse a mejorar las retribuciones de determinados colectivos, no es ajeno a los asuntos políticos que han levantado fricciones en el bipartito. De hecho, la propuesta parece buscar sellar la paz sobre todo entre Hacienda y Políticas Inclusivas. Así, el acuerdo beneficia sobre todo a empresas del sector público u organismos, que se llevan un total de 6 millones de euros, frente a los 3,7 millones que se destinarán a mejorar los salarios de funcionarios y laborales de la Generalitat. La mayor tajada se la lleva el Instituto Valenciano de Acción Social (Ivass), a quien se destinará 1, 6 millones de euros, una cantidad que satisface las reclamación de la vicepresidenta Mónica Oltra para acabar con la brecha salarial en la plantilla. También sale beneficiado, Ferrocarriles de la Generalitat ( 1,5 millones), y el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), que dispondrá de 990.000 euros para crear nuevas plazas de inspectores. El resto se repartirá de la siguiente manera: Agencia Valenciana de Turismo (856.000 euros), Vaersa (180.000). Epsar (46.0009, Entidad Valenciana de Vivienda (500.00 euros), y Fundación Centro de Estudios Medioambientales (160.000 euros)

Los sindicatos, sin embargo, han advertido a la consellera Bravo sobre la presunta ilegalidad de este acuerdo y ello, por tres cuestiones. La primera es formal. Según los sindicatos la Mesa General de Función Pública carece de competencias para decidir ese reparto en el ámbito del sector público ya que cada entidad tiene su propio comité de empresa. En segundo lugar, los sindicatos aseguran que la distribución entre el sector público supera el tope del 0, 2% de la masa salarial del sector público. De hecho, en teoría, a las empresas sólo le correspondería alrededor de 4 millones. La tercera pega es que el Consell estaría utilizando este dinero no sólo para mejorar retribuciones y homologarlas, sino también para crear nuevos puestos. Es para lo que se destinará el dinero del IVAT y parte del que irá a Ferrocarrils.

El acuerdo no necesita el sí de los sindicatos, sólo la negociación, sin embargo, el tenerlos en contra supone un varapalo para el Consell.