El universo de las televisiones autonómicas está partido por una brecha temporal. Una década separa dos modelos. Entre el nacimiento del desaparecido Canal 9 (1989) y de la televisión canaria pasaron diez años.
Esa brecha distingue dos tipos de empresas públicas, con datos de plantilla y presupuesto muy distintos. La casi recién nacida À Punt (heredera del espacio de RTVV) ha emergido como un planeta intermedio entre galaxias distantes: la última de las primeras o la primera de las modernas.
Su estructura (con menos producción propia y más externalización) la asemeja a las de segunda generación, pero ansía acercarse a la consideración y reconocimiento de las históricas, con las que comparte la esencia de ser escaparate y herramienta de fomento de una lengua minorizada.
À Punt, que activó su maquinaria en 2017 y emite de forma regular desde el pasado 10 de junio, tiene una plantilla proyectada de 531 empleados (sumados los de la sociedad y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, CVMC) y un presupuesto de 55 millones, 100 % procedente de la Generalitat.
Es el quinto ente por número de trabajadores después de los de Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía, macroestructuras nacidas en los años 80 y que soportan varios canales. De ese grupo formaba parte Telemadrid también, pero la crisis llevó a aplicar un contundente expediente de regulación de empleo (hasta dejar la plantilla en 457).
Por presupuesto, la radiotelevisión valenciana es la sexta. Todas las citadas tienen más del doble de provisiones económicas, salvo la madrileña, que con menos plantilla maneja 79,7 millones.
Un modelo u otro no son equiparables con un determinado nivel de audiencia. TV3 es la líder en este aspecto, con un 14,3 en el último mes. Pero la televisión de Aragón (2006) es la segunda (10,6 de cuota de pantalla) con un modelo totalmente distinto: 136 empleados y 47 millones anuales.
Los gestores de À Punt defienden que cuentan con la menor inversión por habitante (11,13 euros) en España. No obstante, el gasto estructural de una cadena es obvio que no está ligado a la población a la que se dirige.
Auditoría de la Sindicatura
La televisión restó ayer trascendencia a la primera auditoría de la Sindicatura de Comptes, que ha subrayado varias observaciones sobre personal y contratación de contenidos en 2017.
El Síndic, en este sentido, desaprueba la contratación a dedo.
El organismo no acepta la alegación de À Punt y sostiene que debe prevalecer la ley de creación (de 2016), que dice que «la contratación de personal respetará los principios de igualdad». Recuerda además que la directora fue elegida mediante concurso de méritos. La Sindicatura aporta además el porcentaje de extrabajadores de la vieja RTVV en la nueva empresa a diciembre de 2017 (faltaba el grueso de la plantilla aún): el 86,9 % en la sociedad y el 87,5 % en la CVMC, la proporción que ya destacó Levante-EMV.
