Durante el primer semestre de 2018, la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito atendió a un total de 8.049 personas. De estas, tres de cada cinco (4.183 mujeres) eran víctimas de violencia machista. A estas se suman otras 628 (el 9,23 %) que acudían como víctimas de violencia doméstica.

«Eso quiere decir que los 60 profesionales de la Red han atendido a 26 mujeres cada día como posibles víctimas de algún tipo de maltrato», refirió ayer la Consellera de Justicia Gabriela Bravo durante la clausura del Congreso sobre Violencia de Género organizado por su departamento en colaboración con la Universitat de València (UV).

Unas jornadas que arrancaron ayer en el Paraninfo de La Nau para combatir un problema que «no es de una persona ni de una pareja o de una familia, es de toda nuestra sociedad», reivindicó la rectora, Mavi Mestre en el acto de apertura.

Por ello, Bravo subrayó que el Gobierno valenciano «tiene la obligación de ejercer un papel importante a la hora de potenciar la formación de todos los que trabajan en el ámbito de la administración de Justicia, en especial en violencia de género». Una formación necesaria para evitar caer en estereotipos que perjudiquen a la mujer a la hora de acceder a la justicia, en palabras de la activista y decana del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador, Roxana Arroyo, partícipe en el Congreso.

«Los estereotipos perjudican mucho a las víctimas y es uno de los elementos y factores que hace que las víctimas no acudan a la justicia», aseguró Arroyo, y manifestó que por eso es tan importantes el efecto que tienen las sentencias porque «transforman o profundizan patrones socioculturales existentes en nuestras sociedad».

Es por ello que la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, defendió durante la jornada la importancia de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para poder mantener las dotaciones previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y continuar luchando contra la violencia machista, no sin antes recordar que el compromiso estatal supone que el Pacto alcance en cinco años los mil millones de dotación. Otras de las cuestiones que está abordando el Gobierno, según explicó Llop, es la mejora del sistema de valoración policial de riesgos (Viogen) en la que se tendrá en cuenta «otros ítems que no se incluían», como el riesgo sobre los menores que, reconoció, hasta ahora «no se valoraba correctamente».