09 de noviembre de 2018
09.11.2018

La concertada llama a blindar la demanda de las familias

El congreso estatal de CECE reúne a más 350 titulares de centros educativos privados en València

09.11.2018 | 00:51
Sala donde se celebran las sesiones del congreso de CECE.

«Eliminar aulas concertadas porque las públicas están vacias es una falacia, pues bastaría con que la Administración construyera muchos centros educativos públicos para arrinconar a la concertada, acabar con la pluralidad y la libertad de elección de las familias de la enseñanza que quieren para sus hijos, limitando esta educación sólo para los ricos». Con estas palabras abrió ayer en València el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, el 46 congreso estatal de esta gran patronal de la educación privada y concertada.

Una frase que es todo un torpedo a la línea de flotación al proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que ha anunciado la ministra de Educación, Isabel Celaá, para eliminar la demanda social de las familias de la planificación de la oferta educativa, lo que limitaría los conciertos educativos a aquellos lugares y etapas donde la red pública sea incapaz de atender la demanda de plazas escolares. Una subsidiariedad que ya ha tratado de aplicar el Consell del Botànic, especialmente en los conciertos de Bachillerato, y que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat ha tumbado amparándose en la legislación estatal que ahora quiere modificar el Gobierno.

Esta laminación de la demanda social de las familias a la hora de elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos es la cuestión que más preocupa a los 350 titulares y representantes de centros educativos privados y concertados de toda España que se reúnen desde ayer en València para abordar durante tres días unas jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas educativas bajo el lema «necesarios, plurales y complementarios».

Aguiló, ante la presencia del secretario de Estado de Educación y FP, Alejandro Tiana, y el president de la Genralitat, Ximo Puig, recalcó que la libertad, la igualdad y pluralidad de la enseñanza está garantizada por la Constitución. «El artículo 27 consagra la libertad de enseñanza y garantiza la financiación de una oferta educativa plural», añadió. Además, insistió, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) socialista de 1985 «ya dejó claro la existencia de una doble red complementaria». Por ello, el presidente de CECE, destacó: «No queremos que se cierren aulas concertadas llenas de alumnos cuyos padres han elegido ese centro». Esta alegato en defensa de los conciertos, según Aguiló, no supone reivindicar «una enseñanza concertada a la carta, pues lo que defendemos es que no se supriman aulas de un concertado si tiene un nivel de ocupación igual al de los centros públicos de su entorno».

El secretario de Estado insistió en que el ministerio «está para buscar soluciones, no para crear problemas». «Podemos tener discrepancias, pero nuestro objetivo es encontrar puntos en común para alcanzar el máximo consenso con el fin de prestar el mejor servicio», añadió.

El número dos de Celaá recordó que en el año 2005, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE), como alto cargo de aquel ministerio le tocó salir «a dar la cara tras la gran manifestación en Madrid contra la LOE porque iba a destruir la enseñanza concertada y acabar con la libertad de elección de las familias». «Entonces dije que dejáramos pasar unos años para comprobar que esos pronósticos no se iban a cumplir y la realidad es que hoy , 13 años después, el sistema educativo sigue teniendo las mismas bases y la misma estabilidad que tenía entonces», concluyó Tiana.

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