10 de noviembre de 2018
10.11.2018

La ley señala como "infracción muy grave" cazar sin tener un plan cinegético aprobado

CGT-PV denuncia que la autorización de conselleria por silencio administrativo perjudica al medio ambiente

09.11.2018 | 23:28
Zona de reserva del «vedat» V-10.126 en Sagunt.

La Ley de Caza de la Comunitat Valenciana señala como «imprescindible» la existencia de un Plan Técnico de Ordenación Cinegética para el desarrollo de la actividad, por lo que considera una «infracción administrativa muy grave» la extensión de permisos sin tener ese PTOC aprobado. Una exigencia que la propia administración obvia, pues lleva dos años permitiendo cazar sin cumplir con ese trámite. La situación se repite desde octubre de 2016 en hasta 157 cotos de la provincia de València, según denuncia la Confederació General del Treball del País Valencià, que afirma incluso que «se estaría cazando de forma ilegal» por una interpretación contraria a la ley.

Se refieren los sindicatos a que la Conselleria de Agricultura Medi Ambient, Canvi Climátic i Desenvolupament Rural ha estado dejando cazar en determinados enclaves amparándose en el silencio administrativo, sin emitir una autorización expresa. Algo que ya no permite la actual Ley de Procedimiento Administrativo, pues cuando se vea afectado el medio ambiente la administración ha de responder en el plazo de seis meses o la petición se considera desestimada. Abogacía de la Generalitat, además, alertaba en ese sentido y rechazaba el uso del silencio administrativo.

Sin embargo, otro informe de la delegación territorial de Medi Ambient argumenta que esos PTOC sí deben considerarse aprobados por silencio administrativo, «al entender que la actividad cinegética, ni el contenido de esos planes por sí mismos, puedan afectar negativamente al medio ambiente». «Más bien al contrario, la existencia de espacios o terrenos no ordenados ni gestionados puede contribuir a la aparición o agravación de problemas o situaciones que sí podrían repercutir negativamente en el entorno (plagas, daños en cultivos, atropellos, enfermedades...)», defienden.

Para CGT-PV, los efectos perjudiciales para el medio ambiente de la gestión cinegética por silencio administrativo «se traducen en la caza de especies no cinegéticas por motivos injustificados». Y recuerdan que hay «vedats» donde se autoriza la caza del gorrión común ( Passer domesticus) o de la gallineta común ( Gallinula Chloropus) por silencio administrativo «por daños a la agricultura sin aportar ningún censo, ni justificar qué clase de daños provocan al único cultivo de importancia de Bétera, que es el naranjo, al cual no afectan estas especies». Otro de los ejemplos que denuncian es «el de declarar zonas de reserva aquellas zonas urbanas donde no existe fauna, de manera que acaba ejerciéndose sobre la fauna cinegética una presión excesiva».

Aunque desde la conselleria se asegura que se ha pedido un segundo informe a la Abogacía, CGT-PV no descarta emprender acciones legales. Y exige la aprobación de un protocolo de caza que incluya la obligación de pedir informes previos a los agentes medioambientales antes de la aprobación de permisos o PTOCs.

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