Al menos cinco jóvenes migrantes viven en una casa okupa en València después de que, el mismo día que cumplieran la mayoría de edad, el centro de menores en el que residían les pusiera las maletas en la puerta, según denuncia la ONG València és Refugi.
El malestar no sería tal si, después de quedarse en la calle, estos jóvenes tuviesen alguna tutela que les permitiese acceder a un documento de identidad, un pasaporte, una tarjeta sanitaria, o una casa tutelada en la que pudiesen vivir hasta que encontrasen un trabajo, pudiesen empadronarse y regularizar sus papeles.
«La conselleria tiene a los menores en sus instalaciones, pero sin personal cualificado, negándoles su derecho a la educación, incluidas clases de castellano, y vulnerando también sus derechos al no gestionarle ningún trámite burocrático», lamenta Ana Isabel Martínez, presidenta de València és Refugi.
Las consecuencias de ello, según denuncian, es que «el día que cumplen los 18 años los dejan con lo puesto en la calle e indocumentados».
Una situación que propició que el jueves por la tarde, tanto Martínez como Belén Abad, tesorera de la ONG, encontrasen un «asentamiento de Menas» en plena ciudad de València tras recibir un aviso que les advertía que un joven marroquí que este miércoles había cumplido la mayoría de edad (y que, por ello, había sido expulsado del centro de menores en el que residía desde hace unos meses) pasaba las noches en un banco de un barrio de la localidad.
«Niños durmiendo en la calle, heridos, sin comer... Esta situación está convirtiendo las calles de València en Melilla», explica la presidenta de la ONG. Estos cinco jóvenes deambularon por las calles hasta que otro joven marroquí les acogió en la casa okupa donde lleva viviendo desde hace más de dos años.
Un «hogar» en el que ya conviven 23 personas, entre ellos al menos cinco jóvenes que salieron del centro de menores sin tutela, a pesar de no conocer el idioma, de no contar con una red de apoyo en la ciudad, y de vivir actualmente en una situación irregular que, en la mayoría de casos, deriva en su encierro en un Centro de Internamiento de Extranjeros o en la deportación, denuncia la tesorera de la ONG Belén Abad.
